En el marco de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se llevan contra Máximo Mendoza, acusado de declarar muertas a varias personas, cinco mujeres fueron arrestadas este viernes en la provincia Valverde.
Entre las detenidas se encuentran cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza. Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez, Eva Altagracia Cruz Rodríguez y Yluminada Altagracia Uceta.
La detención se realizó en la sede de la Fiscalía de Valverde, mediante orden judicial, tras la obtención de evidencias que vinculan a las mujeres con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de defunciones.
Según se ha establecido, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro arrestadas. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos en diferentes unidades de Atención Primaria de Valverde.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), están a cargo del caso.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona, fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
El grupo es imputado de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
