El Partido Comunista del Trabajo (PCT) de la República Dominicana denunció hoy que el Servicio Nacional de Salud (Senasa) fue «secuestrado» por élites económicas y políticas, que lo convirtieron en un «botín» que beneficia a unos pocos.
La organización que dirige Manuel Salazar pidió una investigación exhaustiva y sanciones por los presuntos actos de corrupción que habrían desviado millones de pesos destinados a la población.
El PCT responsabilizó al empresariado propietario de Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como a funcionarios gubernamentales y a prestadores privados de servicios de salud, por el deterioro del sistema de seguridad social.
La denuncia señala que funcionarios y exfuncionarios de SENASA, en complicidad con centros de salud privados, habrían cobrado por miles de atenciones inexistentes, lo que ha generado gastos superiores a los ingresos y agravado la crisis financiera del organismo.
Además, advirtió sobre un nuevo esquema de desvío de fondos mediante contratos con empresas privadas para tercerizar servicios y adquirir medicamentos.
Según el PCT, estas compañías recibieron pagos millonarios sin garantizar atención a los afiliados y sin cumplir los procesos de licitación obligatorios.
La organización criticó los fallos en la supervisión: el sistema de detección de fraudes contratado nunca se activó, y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Consejo de la Seguridad Social permitieron que las irregularidades continuaran, afirmó.
En un comunicado, el PCT rechazó soluciones como la entrega de partidas extraordinarias con fondos contributivos de los trabajadores y exigió investigar, judicializar y sancionar la corrupción.
Propuso eliminar el modelo actual de alianzas público-privadas, suspender la tercerización de servicios y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con participación ciudadana.
El sábado último el presidente dominicano, Luis Abinader, instruyó al director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, y al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara, a entregar ante la Procuraduría General un informe sobre graves irregularidades detectadas en esa entidad.
La víspera el dignatario afirmó que durante los cinco años que lleva en el poder ha luchado contra la corrupción y la impunidad y que su decisión de llevar al Ministerio Público las alegadas irregularidades es una advertencia a sus funcionarios para que no se equivoquen.
Afirmó que puede tener buenos amigos, pero jamás cómplices, y que en su Gobierno no permitirá ningún tipo de impunidad.
