El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha emitido una severa advertencia sobre lo que califica como un patrón creciente de violaciones a los derechos humanos en el país, centrado en muertes a manos de agentes de la Policía Nacional que, según denuncian, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En una declaración pública, el PLD manifestó su preocupación por la alarmante cantidad de fallecimientos reportados como “intercambios de disparos” entre enero y julio de 2025. Según cifras recogidas por el diario Diario Libre, al menos 82 personas murieron en estos incidentes en el primer semestre del año, mientras que las muertes por intervención policial habrían aumentado en un 195% en los últimos cuatro años, alcanzando los 227 casos solo en 2024, de acuerdo con datos oficiales.
Uno de los casos más impactantes ocurrió el 22 de julio en Baní, cuando cámaras de seguridad captaron a agentes del DICRIM disparando a un hombre en una galería. Los familiares de la víctima han denunciado el hecho como una ejecución, sumándose a las voces que reclaman transparencia y justicia.
Mientras tanto, el Gobierno destaca una tasa de homicidios en un dígito —7.9 en mayo y 8.22 en julio—, lo que, según el PLD, no puede utilizarse como justificación para prácticas que vulneren el derecho a la vida ni el debido proceso.
Exigen investigaciones independientes y reformas estructurales
El partido opositor exigió que se realicen investigaciones penales independientes por cada muerte relacionada con agentes del orden, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas. También solicitó la suspensión inmediata de los agentes involucrados, la preservación íntegra de las evidencias, y el uso obligatorio de cámaras corporales, con sanciones por cualquier manipulación de estos dispositivos.
Además, el PLD propuso la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza, con datos desagregados por provincia, unidad actuante, heridos, fallecidos, denuncias y estado procesal de cada caso. También pidió una auditoría externa semestral del uso de la fuerza, bajo la coordinación del Defensor del Pueblo, con participación de universidades y ONG.
