La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifiesta su profunda preocupación por los hechos que han rodeado la aprobación de la reforma procesal penal. El jueves 9 de octubre el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal. Esta versión no correspondía a lo discutido y consensuado en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Esto es una mala señal para la institucionalidad dominicana. Finjus reconoce el trabajo de la Comisión de Justicia del Senado y llama a que este sea respetado, como manda el procedimiento legislativo.
Desde sus orígenes, la Fundación Finjus ha favorecido que esta reforma sea el resultado de un proceso amplio de deliberación. Además, que su desarrollo se realice con plena transparencia. Sin embargo, el debate no se ha abierto a la ciudadanía en la medida esperada. De haberse procedido de ese modo, es muy probable que este hecho preocupante no se hubiera producido.
El contenido de la versión aprobada no solo se aleja de lo discutido en la Comisión de Justicia. Si no que también es contrario a decisiones importantes tomadas por el Tribunal Constitucional dominicano en los últimos años.
Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal, aprobado en 2002, constituye un hito en la historia jurídica dominicana. La Finjus reconoce que esta norma transformó profundamente nuestro sistema de justicia penal, llevándolo del siglo XIX al siglo XXI. Si bien aún persisten importantes desafíos, las conquistas alcanzadas a través de esa reforma representan avances irrenunciables para la democracia y el Estado de derecho. El debido proceso, consagrado como derecho constitucional, no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia.
La Fundación confía en que el Senado de la República recupere el espíritu de consenso que inspiró aquella reforma. Asimismo, exhorta a los legisladores a abrir un debate amplio y participativo que permita escuchar a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general.
