Por Arismendi Díaz Santana
Cualquier inversión multimillonaria en la remoción de los hospitales públicos sin incentivar la dedicación y el desempeño de los médicos, equivale a hacer más de lo mismo, sin garantía de resultados en cantidad, calidad y satisfacción
Siempre los políticos y gobiernos han presentado la construcción y/o remozamiento como la panacea de los problemas de salud. Salvo excepciones, estas millonarias inversiones no han elevado las preferencias, ni reducido la privatización, ni el gasto familiar de bolsillo, que son los verdaderos problemas de la gente.
La calidad y oportunidad de la atención depende muchísimo más de la dedicación y el desempeño de los médicos y del personal auxiliar, que de la majestuosidad de la infraestructura.
La diferencia esencial entre la práctica pública y la privada es que en la primera el salario está asegurado de antemano, sin importar la dedicación ni los resultados ni la satisfacción de los afiliados, y, en cambio, en la segunda depende de la prestación de servicios y mientras más oportunos y eficientes, mayores ingresos. Esa contratación fomenta la ley del menor esfuerzo.
El costo real promedio de la atención hospitalaria supera el costo unitario de los servicios privados
La corrupción, el clientelismo y estas distorsiones elevan, innecesariamente, el costo de los servicios públicos, con frecuencia por encima del costo privado. En los hospitales jamás se ha calculado el costo de los servicios, por temor a un escándalo mayúsculo.
La simple inauguración de hospitales no garantiza calidad y satisfacción. El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de elevar la calidad y aceptación y de reducir el costo unitario de los servicios, a favor de las familias más pobres y vulnerables y de los médicos dedicados y laboriosos.