Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el Clima de Inversión en la República Dominicana ha señalado importantes deficiencias en el proceso de adquisición de inmuebles en el país. A pesar de contar con un marco legal adecuado, el sistema de registro de propiedad presenta desafíos significativos que afectan la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
El informe destaca que, aunque el proceso de registro de propiedad consta de seis pasos, con una duración promedio de 33 días y una tarifa de registro del 3.4% del valor de la propiedad, persisten problemas de transparencia y eficacia en su aplicación. Se menciona que los mismos derechos de propiedad pueden aparecer a nombre de varias personas o corporaciones, lo que genera incertidumbre en la titularidad de los bienes.
Además, se estima que aproximadamente el 60% de la tierra en la República Dominicana no cuenta con título formal, lo que incrementa el riesgo de disputas legales y dificulta el acceso a financiamiento para los propietarios. Aunque la ley establece sanciones penales para quienes ocupen propiedades de manera ilegal, se señala que es costoso y complicado para los inversionistas extranjeros hacer valer sus derechos en estos casos.
El informe también recoge preocupaciones sobre la falta de transparencia en la administración pública, la aplicación inconsistente de las leyes existentes, la corrupción y los retrasos en los pagos del gobierno, factores que afectan negativamente el ambiente de negocios en el país.
Estas observaciones subrayan la necesidad urgente de reformas en el sistema de registro de propiedad y en la gestión pública para mejorar la seguridad jurídica y fortalecer la confianza de los inversionistas en la República Dominicana.
El gobierno dominicano ha manifestado su compromiso en resolver estas irregularidades y mejorar la eficiencia del sistema de registro, sin embargo, los desafíos persisten y requieren de acciones concretas para garantizar un entorno de inversión más seguro y transparente.
La implementación de reformas estructurales en el sector inmobiliario es esencial para fomentar la inversión extranjera y nacional, así como para asegurar el desarrollo sostenible y equitativo del país.
