El Departamento de Estado de EE. UU. publicó su informe anual sobre el clima de inversión en la República Dominicana, destacando avances en la lucha contra la corrupción y la mejora de la seguridad, pero también señalando deficiencias persistentes que afectan la transparencia institucional y la confianza empresarial.
El informe reconoce que el país cuenta con un marco jurídico sólido, incluyendo leyes y reglamentos para combatir la corrupción, como la Ley n.º 340-06 sobre Contratación Pública y Adquisiciones, que prohíbe adjudicar contratos a personas o entidades con conflictos de interés. Sin embargo, advierte que el gobierno no exige a las empresas privadas la implementación de códigos de conducta internos que prevengan sobornos a funcionarios públicos.
Aunque las investigaciones y detenciones por corrupción se han centrado en altos funcionarios de diferentes partidos políticos, la aplicación de las leyes aún enfrenta retos. Las empresas estadounidenses continúan identificando la corrupción como un obstáculo para la inversión extranjera directa, citando la falta de competencia técnica en los ministerios y licitaciones públicas que, según algunas fuentes, podrían estar diseñadas para favorecer empresas con conexiones políticas.
En materia de sociedad civil, el documento destaca la labor de organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), aunque advierte sobre posibles conflictos de intereses en al menos una ONG destacada por sus estrechas relaciones con grupos empresariales y políticos.
En cuanto a seguridad, el informe reconoce avances en la disminución de homicidios a 9,6 por cada 100,000 habitantes en 2024, pero advierte que la delincuencia callejera, los robos armados y el crimen organizado continúan representando riesgos significativos para la inversión nacional y extranjera. Además, señala que la República Dominicana enfrenta retos por su condición de punto de tránsito de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, y la porosidad de su frontera con Haití preocupa a las autoridades debido a los flujos ilegales de personas y mercancías ilícitas.
El informe concluye que, aunque el gobierno ha adoptado medidas importantes para fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, persisten deficiencias legales, administrativas y operativas que requieren atención para mejorar el clima de inversión y la confianza en las instituciones.
