El riesgo para jueces y fiscales se incrementa ante casos de corrupción y crimen organizado.
Actualmente, en los tribunales se ventilan expedientes de alto impacto como Antipulpo, Medusa, Coral, Gaviota, Gavilán, Camaleón y Pandora, donde se investigan supuestas redes de corrupción que habrían estafado al Estado.
Santo Domingo.– Durante el conocimiento de casos ligados al crimen organizado, corrupción administrativa y lavado de activos en el país, el riesgo para jueces y fiscales se vuelve cada vez más evidente.
Las amenazas y presiones recibidas por quienes administran justicia han reavivado el debate sobre las garantías de seguridad que necesitan para ejercer sus funciones sin poner en peligro su integridad personal o familiar.
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción de Higüey, Alexandra Reyes Custodio, aseguró que continúa recibiendo amenazas relacionadas con su labor. Explicó que ha tenido que limitar incluso actividades cotidianas por temor a represalias.
«A mí me gustan las plantas y yo no me atrevo a andar en la ciudad de Higüey de vivero en vivero porque hay situaciones que es mejor evitar. Yo soy una persona muy cuidadosa, prefiero no arriesgarme de manera innecesaria», afirmó.
El abogado penalista Cándido Simón también advierte sobre la vulnerabilidad de los representantes del Ministerio Público. Comentó el caso de una fiscal que, tras intervenir un punto de venta de drogas en La Romana, debía trasladarse sola de noche a Higüey, donde residía. «Los fiscales están vulnerables. Muy vulnerables», manifestó.
Actualmente, en los tribunales se ventilan expedientes de alto impacto como Antipulpo, Medusa, Coral, Gaviota, Gavilán, Camaleón y Pandora, donde se investigan supuestas redes de corrupción que habrían estafado al Estado.
A estos se suman procesos vinculados con lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, entre ellos Falcón, Larva, Halcón IV, Caimán, Búfalo NK y Arrecife 2.0.
El exprocurador Alejandro Moscoso Segarra sostiene que estos casos incrementan el peligro para quienes los conocen. «La criminalidad organizada atenta contra los miembros del Ministerio Público y los jueces que se involucran con ellos», señaló.
- La Ley 327-98 de Carrera Judicial establece que los magistrados están protegidos contra amenazas y ataques derivados del ejercicio de sus funciones, y obliga al Estado a reparar perjuicios cuando estos ocurran.
Además, el Código Penal modificado, que entrará en vigor en 2026, contempla penas de cinco a diez años de prisión y multas para quienes intimiden o amenacen a funcionarios públicos con el fin de influir en sus decisiones.
«Seguridad»
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la Dirección de Protección Judicial cuenta con cerca de 200 agentes designados para brindar seguridad a jueces y fiscales, aunque reconoció que ya se trabaja en su ampliación para cubrir las necesidades actuales.
