El expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en el caso Operación Camaleón dedica un capítulo completo a la licitación INTRANT-CCC-LPN-2022-0003, convocada para la “Modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo y su sistema de control centralizado”.
De acuerdo con el Ministerio Público, dicha licitación, por un monto de RD$1,317,350,469.00, habría sido manipulada desde su origen para favorecer a la empresa Transcore Latam S.R.L., controlada indirectamente por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) mediante una serie de sociedades instrumentales.
El documento sostiene que el proceso presentó alteraciones técnicas, documentales y presupuestarias, además de un incremento injustificado del 1,053% sobre el costo real estimado del proyecto.
“El procedimiento se diseñó a la medida de la empresa adjudicataria, con pliegos de condiciones elaborados desde dentro del INTRANT y con la participación de miembros del Comité de Compras comprometidos con la estructura criminal”, indica la acusación
Según el Ministerio Público, Transcore Latam S.R.L. fue constituida en 2021 con un capital social de RD$100,000 y sin experiencia previa en ingeniería vial, tráfico o semaforización.
Sin embargo, en menos de un año obtuvo la mayor licitación tecnológica del INTRANT.
La acusación señala que Gómez Canaán habría utilizado prestanombres y representantes extranjeros, entre ellos los empresarios Manuel Eduardo Mora Vázquez y Héctor Rolando Mejía Sánchez, para simular una empresa con presencia internacional.
De hecho, la documentación presentada al Comité de Compras hacía referencia a una supuesta matriz estadounidense llamada Transcore Holdings, Inc., pero la Fiscalía afirma que no existe vínculo jurídico entre ambas entidades.
“Transcore Latam no tenía personal, equipos ni infraestructura en el país, y solo operaba desde una oficina compartida con otras compañías vinculadas al mismo grupo empresarial”, cita el expediente
El Ministerio Público indica que el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT habría jugado un rol determinante en la adjudicación.
Entre los funcionarios mencionados figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; y otros servidores bajo la dirección de Hugo Marino Beras Goico Ramírez, entonces titular del organismo.
La investigación sostiene que los pliegos técnicos fueron elaborados con especificaciones que solo Transcore Latam podía cumplir, como software de control de tráfico y equipos con certificaciones internacionales exclusivas.
Asimismo, el Comité de Evaluación Técnica descalificó a otras empresas por detalles menores en sus ofertas, permitiendo que Transcore Latam obtuviera el puntaje más alto y fuera recomendada como adjudicataria.
“El proceso fue una simulación de competencia destinada a legitimar la contratación de una empresa previamente seleccionada”, señala el Ministerio Público.
La acusación detalla que, pese al monto millonario aprobado, la red semafórica no fue modernizada en su totalidad y varios equipos permanecen almacenados o sin instalación.
La Contraloría General de la República detectó que las órdenes de pago fueron aprobadas sin evidencias de recepción técnica ni actas de conformidad, lo que contradice la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
De los RD$1,317 millones adjudicados, se habrían desembolsado RD$489 millones hasta diciembre de 2024, monto que, según la acusación, fue transferido a cuentas vinculadas con OML Inversiones S.R.L. y Aurix S.A.S., también bajo control de Gómez Canaán.
El Ministerio Público afirma que parte de los recursos se utilizó para adquirir bienes de lujo, vehículos blindados y propiedades inmobiliarias, mientras que otra porción fue transferida a cuentas en el extranjero bajo concepto de “consultorías”.
Uno de los elementos más delicados del expediente es el presunto sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto de 2024, que afectó el funcionamiento de los principales corredores viales de Santo Domingo.
Según la PEPCA, los peritajes tecnológicos indican que el ataque fue ejecutado desde un servidor vinculado a la empresa Transcore Latam, aunque la investigación aún continúa.
“La alteración de los sistemas respondió a un intento de eliminar rastros digitales del contrato y de las transferencias electrónicas”, establece la acusación.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha imputado de forma directa ese hecho a una persona específica, pero considera que está relacionado con el entramado financiero del caso.
