El Ministerio Público señala como eje central del entramado a José Ángel Gómez Canaán, vinculado a las empresas Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas presuntamente vinculadas a una red de corrupción y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón, informó este lunes el Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, las irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Instituto Nacional del Tránsito y del Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa, mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., las cuales habrían recibido acceso privilegiado para desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos.
El Ministerio Público identifica como “eje central del esquema” a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), quien, según la investigación, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las citadas compañías. “Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado”, señala el expediente.
Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de esa institución.
También fueron acusados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. Completan la lista Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas imputadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
En octubre del año pasado, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra varios de los señalados, incluidos Hugo Beras y Jochi Gómez.
Según la acusación, Gómez Canaán habría sido beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, controlando los sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además de presuntamente sabotear la red semafórica del Gran Santo Domingo. En tanto, Hugo Beras es señalado por facilitar adjudicaciones irregulares y manipular el sistema de videovigilancia, mientras que Frank Díaz Warden habría influido en licitaciones y decisiones del Comité de Compras para beneficiar a las empresas del esquema.
El expediente del Ministerio Público incluye acusaciones por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa al Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
