El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de reforma a la Ley 16-92 (Código de Trabajo), que introduce nuevas disposiciones sin modificar el régimen de cesantía, pero con el objetivo —según los legisladores— de adecuar la normativa laboral a las necesidades actuales del país.
Entre las novedades incluidas figura la obligación de que los trabajadores vinculados a labores de seguridad, operación de maquinarias y equipos peligrosos, transporte público, así como quienes tengan contacto directo con niños, enfermos u otros grupos vulnerables, deban someterse a pruebas antidopaje.
El informe aprobado en el hemiciclo no precisa la periodicidad de estas pruebas, ni el mecanismo de entrega de resultados, ni tampoco las sanciones por incumplimiento. La pieza legislativa deberá ser conocida en segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados, donde podría ser objeto de nuevas revisiones.
Riesgo en el transporte público
La iniciativa guarda relación con disposiciones ya establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe la conducción bajo los efectos de alcohol o narcóticos. En agosto pasado, el Intrant identificó a 37 choferes de autobuses en distintas provincias que operaban bajo consumo de sustancias prohibidas, lo que derivó en sanciones como suspensión o cancelación de licencias y multas de entre cinco y diez salarios mínimos.
Contexto de alta siniestralidad
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021 colocó a la República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en la región, con 27,4 muertes por cada 100,000 habitantes. Esta realidad ha sido uno de los argumentos utilizados por senadores para sustentar la pertinencia de medidas más estrictas de control en áreas laborales vinculadas a la seguridad y al transporte.
