Sociedad civil exige al PRM depurar sus filas y evitar vínculos con el narcotráfico



La sociedad civil dominicana, intensifica sus reclamos al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que depure sus filas y evite la infiltración de personas vinculadas al narcotráfico, tras la reciente acusación hecha por Estados Unidos contra dos ciudadanos solicitados en extradición desde el 30 de septiembre.

Se trata de Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Polanco, involucrados en una investigación por conspirar para introducir más de 4,000 kilos de cocaína a territorio estadounidense, específicamente al Distrito Sur del estado de la Florida.

Jorge Puras, fue funcionario asesor de zonas francas del Poder Ejecutivo y Polanco empleado de la Dirección de Servicios Generales del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Uno de ellos fue desvinculado de la Administración Pública en mayo de este año.

Las autoridades dominicanas aún no han confirmado si estas personas se encuentran en el país o si han decidido ponerse a disposición de las autoridades dominicanas y norteamericanas.

Legisladores opinan

Mientras tanto, legisladores del partido oficialista reconocen como positivo que el presidente Luis Abinader haya ordenado colaborar con la DEA a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Lady Blanco, coordinadora del movimiento Participación Ciudadana, junto a otros miembros de la sociedad civil, instaron al PRM a tomar medidas firmes para limpiar su partido de quienes tengan vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, la oposición cuestionó la supuesta facilidad con la que individuos vinculados a actividades ilícitas logran acceder a cargos en la Administración Pública y el Poder Legislativo.

«Ya son más de cinco ocasiones en que el PRM está involucrado en temas de narcotráfico«, afirmó un representante de la oposición, señalando la necesidad urgente de un saneamiento profundo en los partidos políticos para garantizar la incorporación de personas competentes y responsables, sin permitir «barcas sagradas» para quienes cometen ilícitos.

La exigencia social cobra fuerza ante la gravedad de las acusaciones y el compromiso del gobierno de colaborar en las investigaciones, en un momento crítico para la imagen y funcionamiento del partido oficialista y la lucha contra el narcotráfico en el país.

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