Partidos infiltrados, dinero sucio y el colapso moral del sistema político dominicano
Por Dr. Ramón Ceballo
El crimen organizado ya no actúa desde las sombras, se sienta en las mesas del poder, financia campañas y penetra las estructuras partidarias.
La República Dominicana, como gran parte de América Latina, enfrenta una crisis política donde los partidos han dejado de ser mediadores sociales para convertirse en plataformas de impunidad y refugio del dinero ilícito.
En toda la región, desde México hasta Argentina, los escándalos de financiamiento electoral ilegal, lavado de activos y complicidades con redes criminales han corroído la confianza en las instituciones democráticas.
La lógica es la misma: el dinero del narcotráfico, de la corrupción o de empresas constructoras como Odebrecht no busca solo enriquecimiento, sino control político. Y lo consigue.
En el caso dominicano, la penetración del crimen organizado en la política no es una hipótesis, sino una evidencia documentada. El caso Odebrecht reveló la compra sistemática de voluntades y la captura de decisiones públicas a cambio de sobornos millonarios.
A ello se suman las denuncias de lavado de activos, corrupción estructural y vínculos con el narcotráfico, que han alcanzado a dirigentes de todos los partidos, erosionando la credibilidad de un sistema donde la ética ha sido sustituida por la conveniencia.
Los partidos, que en teoría deberían canalizar la voluntad ciudadana, hoy operan como vehículos de impunidad. Las estructuras de control interno son débiles o inexistentes, las auditorías partidarias nunca se hacen públicas y las sanciones políticas son excepcionales. La justicia actúa con lentitud, selectividad o silencio, consolidando la percepción de que el poder económico y el crimen tienen más influencia que la ley.
Este deterioro no solo corrompe la política, corroe la democracia desde adentro. Cuando el voto se compra, cuando los contratos se negocian antes de los comicios, cuando los candidatos se eligen por el tamaño de su chequera o su cercanía al narcotráfico, el pueblo deja de ser soberano. Lo que queda es una democracia formal, secuestrada por intereses ilegítimos y sostenida por apariencias institucionales.
Hoy, cuando la sociedad dominicana enfrenta una crisis de confianza sin precedentes, resulta urgente recordar que la corrupción y el crimen organizado no solo roban dinero: roban futuro. Mientras los partidos continúen siendo vehículos de impunidad, la democracia seguirá siendo rehén del poder económico criminal.
El creciente abstencionismo electoral, que en las últimas elecciones superó el 46 %, no es apatía: es una forma de protesta silenciosa frente a un sistema que la ciudadanía percibe como cerrado, corrupto y dominado por los mismos intereses que dice combatir.
La lucha por rescatar la democracia pasa por desmontar esas redes de complicidad, exigir transparencia real y construir partidos al servicio del país, no de sus financistas. De lo contrario, seguiremos votando cada cuatro años para legitimar un modelo de poder donde el crimen y la política se confunden, y donde el Estado termina siendo cómplice de su propio secuestro.
América Latina ofrece lecciones claras, los países que no fortalecen sus instituciones, ni blindan su sistema político contra la corrupción, terminan convertidos en democracias de fachada.
La República Dominicana aún está a tiempo de evitar ese destino, pero solo si se asume, con valentía, una reforma profunda del sistema partidario y electoral que rompa con la alianza entre poder y dinero ilícito
