Diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) y representantes de las Federaciones Internacionales de Automovilismo y de Motocrós trabajarán de manera conjunta para buscar soluciones al problema de las carreras ilegales que se realizan en las vías públicas y que han causado luto en miles de hogares dominicanos.
El diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, encabezó la reunión y afirmó que todos los sectores vinculados deben unir esfuerzos para poner fin a las muertes y accidentes provocados por estas competencias clandestinas.
“La Ley 63-17 prohíbe las carreras de autos en las vías públicas y las tipifica como un agravante en caso de producir muertes o heridos, así como daños a la propiedad pública o privada. Además, el nuevo Código Penal contempla sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes realicen estas prácticas”, explicó Crespo.
Durante el encuentro, Crespo y los demás congresistas acordaron junto a los representantes de clubes de corredores de todo el país formular una propuesta para organizar y regular este tipo de actividades, estableciendo criterios y normas internacionalmente aceptadas, de modo que se conviertan en deportes seguros en espacios cerrados y habilitados para tales fines, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad vial requeridos para proteger la vida de los pilotos y del público.
En la reunión participaron los representantes de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Adriano Abreu Sued, y de la Federación Internacional de Motocrós (FIM), Diego Campos, así como Jeffry Jiménez, enlace del sector con la Fuerza del Pueblo, y representantes de más de 50 organizaciones de “drague” a nivel nacional.
El diputado Crespo recordó que, anteriormente, los corredores también fueron recibidos por el expresidente Leonel Fernández, quien consideró viable trasladar estas competencias ilegales a espacios cerrados y controlados, donde puedan regularizarse a través de los clubes de motociclistas bajo los estándares internacionales, técnicos y de seguridad vial que garanticen la protección de vidas y bienes.
