Tribunal de Ocoa envía a la cárcel a hombre acusado de tiroteo en el parque Libertad



El magistrado acogió la petición formulada por el órgano acusador, que presentó objetos ocupados y presuntas sustancias controladas, entre otras mercancías.

El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Ocoa envió hoy a la cárcel pública de Baní por tres meses a Jimmy José Guerrero Soto, imputado de tentativa de homicidio, asociación de malhechores y otros elementos.

El tribunal presidido por el juez Isael Martínez Guerrero entendió que era un hecho grave donde resultaron heridos Rafael Eulices Zoquier, Rosanny Pimentel y Mary Angel Minyetty de arma de fuego y otras dos personas fueron afectadas.

El magistrado acogió la petición formulada por el órgano acusador, que presentó objetos ocupados y presuntas sustancias controladas, entre otras mercancías.

El hecho que se le imputa al banilejo ocurrió el 28 de septiembre pasado en horas de la madrugada en la calle San José, ubicada en el parque Libertad, como consecuencia de un accidente de tránsito.

En el desarrollo de la solicitud de medida de coerción, los abogados de la defensa del imputado presentaron más de 50 presupuestos y advirtieron que demostrarán que no existe asociación de malhechores, y que los demás ilícitos que le imputa el Ministerio Público también demostrarán que su asistido no tiene responsabilidad penal en el caso.

Los abogados defensores son Jorge de los Santos (banilejo), Gerson González y Eykers Eligio Sánchez.

Mientras que los actores civiles de las víctimas son Ruberth Matos, Yanna Deprast y Leonardo Márquez.

Matos, en nombre de los actores involucrados, indicó que la decisión del tribunal fue motivada por el entendido de que, de cara a los hechos que se le imputan a Guerrero Soto, son meramente graves.

En ese sentido, señaló que si el imputado es culpable del hecho de acuerdo a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, se habla de un 265, 266 de asociación de malhechores, 295 tentativas de homicidio y ley 631 que declara lo que prevé el artículo 66 de la misma ley; se castiga con una pena de 20 años.

En el proceso que duró más de una hora, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal José Altagracia Castillo.

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