El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) informó este martes que depositó formalmente una querella con constitución en actor civil por las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y del Estado dominicano.
El colectivo de abogados, contratado por el Poder Ejecutivo para representar a entidades públicas víctimas de corrupción, explicó que la acción judicial se dirige contra todas las personas físicas y jurídicas identificadas por el Ministerio Público como presuntos implicados, sin descartar a otros posibles señalados durante el curso de la investigación.
El ERPP enfatizó que su intervención busca no solo que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes, sino también que los involucrados asuman la reparación integral del daño causado, mediante la devolución de recursos sustraídos y la compensación por los perjuicios provocados al Estado y a la institucionalidad.
La entidad destacó que actuará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias, pero ejerciendo plenamente su rol de querellante y actor civil para asegurar que la dimensión patrimonial del presunto fraude no quede impune.
El documento señala que este caso reviste especial gravedad, al tratarse de fondos destinados a servicios de salud para la población más vulnerable. Detalla que la trama investigada incluye desde presuntos sobornos millonarios hasta el falseamiento de documentos para desviar recursos asignados a medicamentos y procedimientos médicos.
“Lo que aquí se describe desgarra el alma”, expresó el ERPP, calificando el expediente como uno de los atentados más graves documentados en el país contra la vida y la salud de la ciudadanía.
Debido a la sensibilidad del caso, el equipo de abogados anunció que asumirá la representación legal de manera totalmente pro bono, sin cobrar honorarios al Estado dominicano, con el objetivo de evitar cargas adicionales a los recursos públicos afectados.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso de respaldar al Ministerio Público, impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias “sin importar quién sea” y perseguir la recuperación de todos los fondos posibles, para que estos vuelvan a convertirse en servicios de salud para la población.
