SANTO DOMINGO.- La defensa de Gonzalo Castillo acusó al Ministerio Público de incurrir en un patrón sistemático de distorsiones procesales que incluye la fabricación de testimonios, la manipulación de tiempos y pruebas, la elaboración de peritajes sustentados en documentos inexistentes al momento de su emisión y la preparación previa de versiones para testigos, prácticas que, a su juicio, desnaturalizan la acusación y revelan un uso político del proceso penal.
Las denuncias fueron formuladas este viernes durante la audiencia celebrada en el Segundo Juzgado de la Instrucción por la abogada Laura Acosta, quien encabeza el equipo de defensa junto a los juristas Nassef Perdomo y Luis Rivas.
Acosta sostuvo que la acusación contra Castillo está viciada desde su origen por graves irregularidades que comprometen la objetividad del Ministerio Público y afectan de manera directa el debido proceso.
Señaló que la selección interesada de testigos, la preparación anticipada de versiones de los hechos y la manipulación cronológica de elementos probatorios configuran un cuadro de fraude procesal incompatible con los estándares mínimos de legalidad.
Indicó que conversaciones telefónicas incorporadas por la propia acusación evidencian contactos y coordinaciones entre algunos testigos y personas con capacidad de influencia dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera un juez formalmente apoderado del proceso, lo que pone en entredicho la independencia y transparencia de la investigación.
Como ejemplo concreto, la defensa citó el caso de Mustafá Abu Naba’a, en cuyo teléfono fue hallado un documento titulado “Relación de Hechos”, recibido días antes de su interrogatorio formal.
Según explicó Acosta, el contenido de ese documento coincide en sentido y orden con las respuestas que Abu Naba’a ofreció posteriormente ante la entonces procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, lo que según ella es una evidencia de la preparación previa de su testimonio.
La defensa cuestionó además que la acusación presente a Abu Naba’a como víctima de una supuesta extorsión atribuida a Gonzalo Castillo sin más sustento probatorio que su propia declaración, advirtiendo que dicha condición lo beneficia en el arbitraje internacional que mantiene contra el Estado dominicano ante el CIADI, con un riesgo económico superior a los 90 millones de dólares.
Elementos contextuales del expediente
Acosta hizo referencia al tratamiento otorgado por el Ministerio Público a José Pablo Ortiz Giráldez, quien aparece vinculado a distintos expedientes sin haber enfrentado imputaciones formales.
Señaló que este manejo procesal refuerza la tesis de una investigación selectiva, en la que se protege a determinados actores mientras se dirige el peso de la persecución penal hacia objetivos previamente definidos.
Recordó que el Ministerio Público contaba desde al menos enero de 2022 con información sobre empresas vinculadas a Ortiz Giráldez, pero decidió no profundizar en esas líneas de investigación. Para la defensa, esta omisión forma parte de un esquema más amplio de construcción del caso, en el que se toleran irregularidades siempre que resulten funcionales a la acusación principal.
Acosta afirmó que este tipo de actuaciones, sumadas a las contradicciones documentales y a la ausencia de controles objetivos sobre la credibilidad de los testigos, confirman que el proceso no persigue el esclarecimiento de los hechos, sino la obtención de un resultado predeterminado.
