A pesar de la posición de los organismos de seguridad ciudadana, algunos moradores de Los Minas manifestaron estar de acuerdo con la posición de la Antigua Orden, advirtiendo que no permitirán el maltrato de sus niños causado por extranjeros.
Faride Raful habló en rueda de prensa tras la reunión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.
El pasado seis de febrero, un joven dominicano de 14 años de edad murió supuestamente a manos de dos haitianos en Los Minas, sector de Santo Domingo Este (SDE). Este hecho causó que la entidad nacionalista Antigua Orden Dominicana se pronunciara al respecto, anunciando una manifestación que iniciará el próximo domingo con un recorrido por las calles y terminará con el “ultimátum” de 15 días para que esos haitianos salgan de manera voluntaria de esa comunidad.
“Nosotros estamos pidiendo que haya justicia, que sean condenados con la pena máxima. Un ultimátum para que tengan que salir de todos Los Mina los haitianos, porque si ellos no pueden convivir con nosotros, tienen que salir de nuestro país», expresó el líder de ese grupo, Ángelo Vásquez, mientras acompañaba a los familiares de la víctima durante los actos fúnebres.
Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) desautorizó este llamado realizado por ese colectivo, ya que son las instituciones del Estado las únicas que pueden hacerlo.
“Los llamados lo hace la autoridad y la autoridad está reflejada en el orden jurídico nacional a través de las instituciones. Hay un estado de derecho compuesto por tres poderes del Estado. “Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar”, expresó la ministra Faride Raful.
Raful expresó que la institucionalidad es el único procedimiento que podrá garantizar los derechos de todas las personas residentes en el territorio dominicano.
“Cualquier llamado lo tienen que hacer las instituciones correspondientes. Eso se llama institucionalidad y es lo que queremos seguir reforzando para que las personas que viven en el país puedan tener muchos más derechos al momento de solicitar cualquier requerimiento”, afirmó.
A pesar de la posición de los organismos de seguridad ciudadana, algunos moradores de Los Minas manifestaron a reporteros de este medio estar de acuerdo con la posición de la Antigua Orden, advirtiendo que no permitirán el maltrato de sus niños causado por extranjeros.
“Eso fue una masacre que hicieron esos haitianos; uno no puede estar aguantando esas sinvergüenzas de los haitianos… Ya van varios casos. Eso está mal; yo creo que es correcto, que se vayan. Desbaratarle la cabeza a ese muchacho, eso fue una cosa grande…”, dijo Dionisio, un comerciante que vive en Katanga, una localidad de esa demarcación.
Dionisio, quien prefirió no revelar su apellido, tiene más de 25 años en el interior de esa comunidad, razón por la cual manifestó su preocupación, ya que este hecho es un precedente lamentable para esa población.
“Eso fue desagradable, así no había surgido nunca aquí…”, declaró.
A esta posición se unió una ciudadana que pidió proteger su identidad.
“Eso fue un abuso, no puede ser que ellos vengan a nuestra casa a maltratarnos y matarnos nuestros niños…”, dijo.
Se trata de Nauriel Nizael Medina Pérez, de 14 años de edad, quien, según aseguran sus familiares, fue asesinado por dos haitianos: “Jeffrey de 16 años y Jason de 30 años”.
“Los implicados son Jeffrey, de nacionalidad haitiana, y uno llamado Jason, de nacionalidad haitiana, también. Jeffrey es de 16 años y Jason de 30 años. Entonces yo exijo justicia por la muerte de mi hermano, que esa muerte no quede impune”, dijo Nisaury Rosario, hermana de la víctima, al conversar con medios de comunicación.
Respuesta a la CIDH
Por otro lado, la ministra Raful respondió a la preocupación que manifestó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) debido a las políticas migratorias aplicadas por el Gobierno dominicano.
“El presidente de la República ha sido categórico: el respeto de los derechos humanos como principio de las políticas migratorias. Trabajamos constantemente, incluso monitoreando y evaluando las acciones de nuestros agentes migratorios y policiales; se han duplicado los esfuerzos en ese sentido para poder subsanar cualquier situación que pueda perjudicar la integridad de un ser humano, como manda la Constitución dominicana”, indicó.
