Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 71-26 mediante el cual autoriza la extradición a los Estados Unidos del ciudadano dominicano Christian Antonio Reynoso Pérez, requerido por la justicia estadounidense por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico internacional.
La solicitud de extradición fue presentada por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a través de la Nota Diplomática núm. 827, con fecha 25 de septiembre de 2018. Reynoso Pérez enfrenta cargos formales ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Florida, en el marco del caso núm. 17-20579 CR-SCOLA/TORRES, iniciado el 15 de agosto de 2017.
De acuerdo con la acusación, las autoridades estadounidenses imputan al dominicano tres cargos principales. El primero corresponde a asociación delictuosa para importar a territorio estadounidense cinco kilogramos o más de cocaína. El segundo se refiere a la importación de esa misma cantidad de droga, así como a la colaboración y facilitación de dichas acciones. El tercer cargo está relacionado con la asociación para poseer cocaína con fines de distribución, todos tipificados en distintas secciones de los títulos 18 y 21 del Código de los Estados Unidos.
El proceso de extradición fue conocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que recibió la solicitud a través de una instancia presentada por la Procuraduría General de la República el 3 de octubre de 2018. Durante una audiencia pública celebrada el 13 de enero de 2026, Reynoso Pérez aceptó voluntariamente el trámite simplificado de extradición, manifestando ante los magistrados su consentimiento para ser entregado a las autoridades estadounidenses.
La decisión presidencial se sustenta en el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16. Dicho acuerdo establece la cooperación recíproca entre ambos países para la entrega de personas requeridas con fines de enjuiciamiento o cumplimiento de condenas. Además, el tratado contempla la posibilidad de agilizar el procedimiento cuando la persona reclamada acepta la extradición, tal como ocurrió en este caso.
El decreto también cita las disposiciones del Código Procesal Penal dominicano, que regulan la asistencia jurídica internacional, así como la Constitución proclamada en octubre de 2024, como base legal del procedimiento.
En su artículo primero, el Decreto 71-26 ordena formalmente la entrega de Reynoso Pérez a los Estados Unidos, bajo la condición de que el país requirente respete las garantías establecidas en el artículo 6 del tratado bilateral, relativas a los derechos fundamentales de la persona extraditada.
Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso que el decreto sea remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para los fines correspondientes de conocimiento y ejecución.
