Por Daniel Toribio
El país no tiene un problema de ideas. Tiene un problema de cierre. Hay ideas buenas que no se inician y obras que se inician y no se terminan. Cada obra anunciada y no concluida se convierte en dinero inmovilizado, servicio negado y más presión sobre la deuda.
La restricción no es discurso. Es caja. Y la caja se ve en la ejecución. Al finalizar 2025, el Gobierno dejó de ejecutar RD$29,000 millones del gasto de capital presupuestado. El gasto de capital fue inferior a 13% del gasto total, pero el gasto en obras terminadas y en proceso representó 7.6% del total devengado.
Ese dato es clave. Si cuesta ejecutar lo aprobado, abrir nuevos frentes empeora la fragmentación, multiplica contratos, eleva costos de supervisión y estira los cronogramas. En infraestructura, el desorden se paga con retrasos y con una factura final más cara.
En ese contexto, el Presidente anunció la licitación de la fase I del Monorriel de Santo Domingo. El debate no es si el transporte masivo conviene. Conviene. El debate es el orden fiscal, la capacidad de ejecución y si esa es la solución que más conviene hoy, dado el inventario de pendientes.
Un proyecto de esa magnitud compromete presupuesto multianual, exige expropiaciones, mueve redes, eleva la complejidad urbana y amarra pagos futuros. La ejecución se llevará mas de 4 años y una inversión estimada de US$900 millones, es decir, decenas de miles de millones de pesos. Si se suma a una cartera de obras inconclusas, el resultado es atraso generalizado, no modernización.
Por eso la recomendación técnica es simple: antes de iniciar el Monorriel, el Gobierno debe concentrarse en terminar lo que ya está en construcción y en lo que se inauguró a medias. Terminar no es un gesto administrativo. Es recuperar inversión y convertir cemento en servicio.
Miremos lo que está sobre la mesa: el Hospital Docente Padre Billini, la carretera Barahona-Pedernales, la entrada de Samaná, el malecón de Nagua, centros históricos en Santiago, Distrito Nacional y San Francisco de Macorís, circunvalaciones de Navarrete, Los Alcarrizos y Moca, y la Autopista Duarte. También están obras por etapas, como la presa de Monte Grande y la verja fronteriza.
Cuando el cierre se posterga, el país asume costo adicional, incomodidades y capacidad perdida.
Propongo un “Plan Cero Inconclusas” por 24 meses con cuatro reglas operativas: inventario público obra por obra con costo total, ejecutado, pendiente, contratista y fecha verificable de entrega; prioridad a obras en fase final y de retorno social inmediato; congelar el inicio de nuevos megaproyectos mientras existan hospitales y proyectos hidráulicos clave sin cierre; y tablero mensual con auditoría independiente y consecuencias por incumplimiento.
La política de infraestructura no se mide por primer picazo. Se mide por servicio funcionando.
