Los abogados de cuatro implicados en el entramado de corrupción del Caso Coral y Coral 5G solicitaron a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitir una sentencia absolutoria, alegando que el Ministerio Público no logró demostrar los hechos de los que se les acusa.
Entre los imputados que solicitan la absolución se encuentran el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola y Raymen Pastor del Rosario Viona, quien es representado por su abogada Wendy.
También forman parte de esta solicitud los acusados Lucía de los Santos Viola y Oneris Beatriz Patricio de los Santos, quienes figuran en el expediente por su presunta participación en los delitos señalados por el Ministerio Público, en el mismo proceso judicial en el que también aparecen los demás implicados.
Defensa solicita levantamiento de medidas y devolución de bienes
Los representantes legales de los imputados también pidieron al tribunal ordenar el levantamiento de cualquier medida de coerción impuesta contra los acusados, en caso de que exista alguna vigente.
Asimismo, solicitaron la devolución de los bienes incautados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público, así como el levantamiento de la oposición colocada a las cuentas financieras de los acusados.
La defensa también solicitó a las juezas rechazar la querella en actor civil presentada por los abogados del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, quienes reclaman una indemnización de RD$21 mil millones.
Según los abogados de los imputados, dicha solicitud resulta improcedente y carente de base legal.
Con este pedido, se suman a otros representantes legales que durante el juicio también han solicitado absolución para sus defendidos dentro del proceso judicial del Caso Coral y Coral 5G.
Acusaciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público acusa a varios implicados, entre ellos policías y militares, de integrar una supuesta red criminal que habría sido encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la estructura de corrupción estaba conformada por 30 personas y 18 empresas.
Las investigaciones señalan que la presunta red habría operado entre 2012 y 2020, provocando un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$4,500 millones.
El órgano acusador sostiene que se desviaron fondos de instituciones públicas como: el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Según el Ministerio Público, estos recursos fueron utilizados en beneficio personal de los implicados.
Ministerio Público solicita condenas de hasta 20 años.
Se recuerda que el Ministerio Público ha solicitado condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión contra los acusados vinculados al entramado de corrupción investigado en el Caso Coral y Coral 5G.
