Caracas (EFE).- Decenas de familiares de presos políticos y activistas en Venezuela realizaron una procesión este viernes en silencio hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas para exigir la «intervención urgente» de la Iglesia con el fin de lograr la liberación de estas personas, como ha sucedido en Cuba tras un acuerdo con el Vaticano.
La procesión fue encabezada por un hombre con una cruz a cuestas, seguido de cuatro personas que llevaban una gran tela negra con la frase «Liberen a todos los presos políticos».
Detrás, cinco mujeres con hábitos de monja caminaban con pequeños carteles que tenían mensajes como «El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela», mientras que otras personas estaban vestidas de presidiarios, algunas encapuchadas.Personas y familiares de presos políticos participan en una procesión silenciosa hasta la Nunciatura Apostólica este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Fue una «procesión silenciosa que representó el dolor que siguen viviendo las víctimas venezolanas», explicó Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).
Los familiares también cargaban consigo imágenes de sus parientes detenidos.
Sin respuesta a la solicitud
La activista cuestionó que aún no reciban una respuesta a la solicitud de una audiencia con el nuncio apostólico en el país suramericano, monseñor Alberto Ortega, por lo que reiteraron la petición de un encuentro con este diplomático español.
«Hemos insistido y realmente me preocupa ese silencio, porque hemos visto que se han reunido con representantes del Estado (venezolano) y se han reunido, además, con diversos gremios del país, y no han querido escuchar a las víctimas venezolanas», dijo.
Baduel espera que la Iglesia ayude a construir «canales humanitarios para que cese la crueldad», como, señaló, ha hecho recientemente en Cuba, donde, según la ONG Prisoners Defenders (PD), las autoridades han excarcelado a 23 presos políticos desde el anuncio hace dos semanas de un proceso acordado con el Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos.
Además del Vaticano, pide a los países que tienen presos políticos en Venezuela construir una comisión humanitaria para liberar a todos estos detenidos.Un hombre sostiene una cruz durante una procesión silenciosa hasta la Nunciatura Apostólica este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Advierten «condiciones críticas» de salud
La activista advirtió que más de 40 presos políticos enfrentan «condiciones críticas» de salud, entre ellos, su hermano, Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021.
«Si no es atendido oportunamente, puede morir en prisión, como murió mi padre. (…) Él necesita cuatro operaciones por secuelas de tortura», agregó.
En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía para presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999, pero establece 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Según cifras oficiales, un total de 8.146 personas han recibido el beneficio de la amnistía hasta este jueves, la gran mayoría tenía medidas cautelares, mientras la ONG Foro Penal asegura que hay más de 500 presos políticos.
Denuncian negación de amnistía contra expolicías encarcelados en Venezuela hace 23 años
La abogada Theresly Malavé, de la ONG Justicia y Proceso, denunció este viernes la negación de amnistía a tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, encarcelados en Venezuela desde el año 2003 y acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002, que terminaron en un fallido golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez.
Según informó Malavé a medios locales, los abogados de los policías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina recibieron el jueves en la Corte de Apelaciones del estado Aragua (norte) la negación de su solicitud de amnistía, que no había sido notificada pese a que la decisión se había tomado dos semanas atrás.
«Nosotros nos acercamos (a tribunales) porque ya habían transcurrido quince días luego de que habíamos presentado la solicitud, y asombrosamente el mismo día (de la entrega) fue negada», señaló.
Indicó que la corte argumentó su decisión por la necesidad de preservar «la estabilidad de la democracia y la seguridad», un motivo cuestionado por los abogados.
«A nosotros nos asombra que la detención de tres funcionarios de la Policía Metropolitana sea la base fundamental para preservar la seguridad y la democracia en el país», agregó.
