Por Daniel Toribio
El presidente Luis Abinader tiene razón en una parte de su discurso del 22 de marzo de 2026. La economía dominicana enfrenta un shock externo real por la guerra en Irán y por el alza del petróleo. Negarlo sería absurdo.
El problema no está en ese diagnóstico. Está en lo que el Gobierno omite cuando explica la crisis.
El relato oficial presenta el golpe como una amenaza importada frente a la cual el Estado responde con subsidios, control de precios y protección social. Suena correcto.
Pero deja fuera lo esencial. La República Dominicana no paga solo el costo del petróleo. Paga también el costo de una política energética sin regla clara, de una estructura opaca en combustibles y de un sistema eléctrico que sigue drenando recursos públicos sin corregirse.
La comparación con 2008 ayuda a ubicar el problema. En julio de ese año el WTI rozó los US$147 por barril y promedió US$133.37. Fue un choque severo.
Pero el país contaba con Petrocaribe. No abarataba el crudo, pero daba financiamiento concesional y alivio de caja.
El punto no es idealizar ese esquema. Es reconocer que existía un amortiguador y hoy no hay un sustituto real.
Aquí aparece la contradicción central. En marzo de 2022 el Gobierno anunció una banda de referencia entre US$85 y US$115 por barril para orientar la política de subsidios. Se presentó como regla.
Pero los hechos muestran otra cosa. En noviembre y diciembre de 2025 el WTI promedió US$60.06 y US$57.97, por debajo del piso anunciado.
Aun así, la población no vio un alivio proporcional ni una explicación clara. Ahora, con el petróleo por debajo del techo, de 115 dólares, el propio presidente admite alzas de entre 5.2% y 6.7% en combustibles.
La regla dejó de operar como regla.
El otro dato clave está en la recaudación. El presidente afirmó que en 2025 se destinaron RD$11,500 millones a subsidios de combustibles.
Pero ese mismo año el Estado recaudó alrededor de RD$96,943.7 millones por impuestos vinculados a combustibles. Es decir, 8.4 veces más.
Esto no elimina el esfuerzo fiscal. Pero desmonta la idea de un Estado que solo absorbe pérdidas. Se muestra el subsidio. No se muestra el ingreso.
En fertilizantes ocurre algo similar. El subsidio anunciado alivia, pero no corrige la vulnerabilidad del agro.
Y en electricidad el problema es más profundo. En 2025 se destinaron RD$105,000 millones al sector. Esa cifra no describe una solución.
Describe un drenaje sostenido
La crisis vino de fuera. Pero encontró un sistema sin transparencia, sin regla creíble y sin reforma.
Cuando el petróleo sube, el ciudadano paga. Cuando baja, no recibe alivio equivalente.
Eso no es resolver el problema. Es administrarlo sin tocar sus causas.
