Por Daniel Toribio
El aumento de cinco pesos en los combustibles no es solo un golpe al bolsillo. Es también una señal de un problema más profundo: la falta de transparencia en la forma en que se fijan los precios.
Cada vez que el Gobierno anuncia subsidios millonarios, el mensaje es el mismo: el Estado está protegiendo al consumidor. Pero la pregunta esencial sigue sin una respuesta clara: ¿cuál es la regla que determina cuándo se subsidia, cuánto se subsidia y cuándo se decide aumentar el precio?
Se informó que, antes del alza, el Gobierno había absorbido más de mil millones de pesos en subsidios. El dato impresiona, pero no explica nada. Si una semana se subsidia de manera masiva y a la siguiente se suben los precios, lo lógico es preguntar si existe una fórmula técnica, pública y predecible, o si las decisiones responden al momento.
Ahí aparece el problema central. La ausencia de una explicación completa no genera confianza. Genera sospecha.
En 2022, el propio presidente Luis Abinader anunció una referencia clara vinculada al comportamiento del petróleo WTI. Mientras el precio internacional se mantuviera dentro de un rango determinado, los combustibles permanecerían congelados. Aquella decisión implicaba un costo fiscal importante, pero tenía una virtud evidente: ofrecía previsibilidad.
La gente sabía a qué atenerse.
Hoy esa referencia prácticamente ha desaparecido del debate público. Lo que queda son anuncios semanales del precio final, sin un desglose suficiente que permita entender con claridad por qué sube, por qué baja o por qué se mantiene.
Se suele decir que la fórmula es compleja. Y lo es. Intervienen el Precio de Paridad de Importación, los fletes internacionales, el tipo de cambio, los márgenes de comercialización y los impuestos. Pero precisamente por esa complejidad el Estado tiene el deber de explicarla con mayor claridad.
La Ley 112-00 establece componentes técnicos para la fijación de precios. Sin embargo, en la práctica el ciudadano termina conociendo casi siempre el resultado final, no el detalle del cálculo. Y cuando una política pública impacta directamente el costo de transporte, de producción y de vida, esa opacidad tiene consecuencias.
Por eso el aumento de cinco pesos no es solo un asunto técnico. Es un problema de confianza.
Cuando las reglas no se explican y los subsidios no se transparentan, no sube únicamente el combustible. También crece la desconfianza.
Un gobierno puede pedir comprensión ante circunstancias difíciles. Lo que no puede pedir es fe ciega. Porque cuando los ciudadanos no entienden cómo se toman decisiones que afectan su bolsillo, lo que se deteriora no es solo el ingreso.
Se deteriora algo más delicado: la confianza pública.
