SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó formalmente acusaciones contra 13 personas vinculadas al cargamento de 10 toneladas de cocaína incautadas en diciembre de 2024, como parte de la Operación Panthera 7, una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en el hemisferio.
La red fue desmantelada mediante un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA, agencia estadounidense de control antidrogas.
Entre los acusados están José Nicolás Castillo Hart (Nikito), Winston Armando Tejera Rodríguez (Barbikin o Ñojote), Luis Rafael García Alfonseca (El Duartero) y José Alexander Santana Andújar (Alex), además de otros nueve implicados.
Movimientos financieros y pruebas incautadas
La titular de la Procuraduría Especializada Antidrogas, Sourelly Jáquez, explicó que la organización movilizó aproximadamente 5 millones de dólares mediante criptoactivos y billeteras virtuales, transferidos a través de varios países, incluyendo México y naciones europeas. La acusación también involucra a una empresa de transporte de Boca Chica que participó en el alijo incautado en el Puerto Multimodal Caucedo.
Durante los allanamientos se confiscaron más de 22 millones de pesos y dólares, 20 vehículos livianos, 10 pesados, 10 contenedores, motocicletas, pasolas, cinco motores fuera de borda y varias armas de fuego.
- Además, se encontraron documentos que evidencian pagos de la organización a autoridades y militares, sin especificar nombres, para facilitar sus operaciones.
Alcance del operativo y antecedentes
El desmantelamiento involucró a 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales. La investigación determinó que los 9.587 paquetes de cocaína, con un peso total de 9.889 kilos, fueron transportados desde Colombia a la República Dominicana por vía marítima, llegando a Bayahibe, La Romana y Pedernales meses antes de diciembre de 2024.
El Ministerio Público sostiene que los acusados violaron múltiples disposiciones del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre drogas, la Ley No. 631-16 de control de armas, y la Ley No. 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Sourelly Jáquez y el equipo de fiscales indicaron que esperan que el tribunal asigne fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso judicial, mientras la investigación continúa para identificar a otros posibles implicados con apoyo de la cooperación internacional.
