Santo Domingo.– El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico «Quique» Antún Batlle, calificó como discriminatoria la disposición que obliga a los mayores de 65 años a renovar su licencia de conducir cada dos años en la República Dominicana, mientras que el resto de los ciudadanos lo hace cada cuatro.
El dirigente explicó en un comunicado que esta medida, contenida en el decreto 6-19, ha generado un debate jurídico al considerar que podría violar el principio de igualdad establecido en la Constitución.
Asimismo, sostuvo que, conforme al principio de jerarquía normativa, un decreto no puede contradecir lo dispuesto en una ley, recordando que la Ley 63-17 establece una vigencia de cuatro años para las licencias sin distinción por edad.
Cuestionamientos legales y constitucionales
Antún Batlle afirmó que la disposición representa un exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al imponer una limitación no contemplada en la legislación vigente.
Señaló además que la medida resulta cuestionable desde el punto de vista constitucional, al basarse únicamente en la edad del ciudadano sin considerar sus condiciones físicas o mentales individuales.
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En ese sentido, citó el artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad y prohíbe tratos discriminatorios injustificados, así como precedentes del Tribunal Constitucional que advierten sobre restricciones basadas exclusivamente en la edad.
Persisten quejas pese a anuncio oficial
El líder reformista indicó que diversos sectores han recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional en busca de la nulidad del decreto, alegando violaciones a la ley y a la Carta Magna.Federico «Quique» Antún Batlle,
Recordó que en octubre de 2024 el Gobierno anunció la eliminación de esta disposición, aunque, según dijo, aún se registran quejas por su aplicación por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
“El Estado debe garantizar igualdad de trato para todos los ciudadanos. La edad no puede ser un criterio automático para limitar derechos sin una evaluación individual objetiva”, expresó.
Finalmente, reiteró que corregir esta situación constituye no solo una obligación legal, sino también un acto de justicia social en favor de miles de dominicanos afectados.
