Díaz-Canel reitera su disposición a un “diálogo bilateral serio y responsable” entre Cuba y Estados Unidos



La Habana (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró su disposición a «sostener un diálogo bilateral serio y responsable» con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

“Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un «diálogo» con EE.UU., en «fases iniciales», lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno norteamericano desde enero.

El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la «amenaza de acciones aún más agresivas» por parte de Washington hacia La Habana y «su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles».

Lo que encontraron congresistas de EE.UU. en Cuba
En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que «el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (…) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (…) debe cesar de inmediato».

Describieron a su vez, que escucharon testimonios de «familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil». Además, del «Gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes».

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego EE.UU. amenazó con aranceles a quienes suministrasen petróleo a Cuba.

El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

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