El cielo pareció llorar sin pausa la madrugada del 8 de abril de 2026 sobre el Gran Santo Domingo. Durante unas ocho a diez horas de lluvias continuas, una vaguada generó aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, provocando inundaciones urbanas, colapso del tránsito y desbordes en zonas vulnerables. El evento, no solo atípico para el mes de abril por su intensidad y persistencia, se produjo fuera del período de mayor incidencia de lluvias en el país.
Temporada
El episodio meteorológico que paralizó la capital dominicana este miércoles ocurrió fuera del período históricamente más activo de la temporada ciclónica. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre agosto y septiembre se concentra el 65.28% de los eventos hidrometeorológicos registrados en el país entre 1995 y 2024. En ese mismo período, se contabilizaron 75 eventos, con un promedio de dos por año en la última década.
De hecho, también se produce fuera de las zonas más comunes o afectadas. La distribución de estos fenómenos muestra una mayor incidencia en provincias como La Altagracia, Azua, San Juan, Elías Piña y La Vega. El evento de este 8 de abril tuvo un impacto directo en el principal centro urbano y económico del país.
De acuerdo con informaciones oficiales, el fenómeno se caracterizó por precipitaciones continuas durante varias horas, con acumulados elevados en corto tiempo, lo que provocó una rápida saturación del suelo y del sistema de drenaje. Como resultado, múltiples sectores y avenidas del Gran Santo Domingo amanecieron inundados, con calles anegadas, vehículos afectados y una paralización significativa de la movilidad.
Este tipo de eventos, aunque no necesariamente asociados a huracanes, han mostrado una creciente capacidad de generar daños económicos relevantes. De acuerdo con estimaciones, episodios de lluvias torrenciales registrados en noviembre de 2022 y 2023, sin haber sido sistemas ciclónicos, provocaron inundaciones urbanas con impactos económicos anuales estimados entre el 0.69% y el 3.3% del producto interno bruto (PIB).
El componente estructural de esta vulnerabilidad se vincula tanto a factores climáticos como a limitaciones en infraestructura y planificación urbana. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que República Dominicana ha tenido que reconstruir más de 1,000 puentes y vías en los últimos seis años, con una inversión aproximada de US$700 millones debido a daños que afectaron la productividad.
En este contexto, el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial ubica los eventos meteorológicos extremos como el segundo principal riesgo para el país en el corto plazo, solo por detrás de las debilidades en servicios públicos y protecciones sociales. El informe advierte que, debido a su ubicación en el corredor de huracanes, República Dominicana presenta una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, incluyendo inundaciones y fenómenos de alta intensidad.
La exposición económica no es algo nuevo. Según el Informe de Riesgos Fiscales del Ministerio de Hacienda, citado por Moody’s Local, entre 1961 y 2024 los eventos más severos correspondieron en un 47% a tormentas tropicales y en un 38% a inundaciones. Estos fenómenos han tenido efectos directos en viviendas, infraestructura, desplazamientos de población y pérdidas humanas.
El análisis de Moody’s Local advierte que el país enfrenta un riesgo fiscal significativo ante la recurrencia de estos eventos. Entre los antecedentes más relevantes se encuentra el huracán Georges en 1998, cuyas pérdidas equivalieron al 14% del PIB, así como las inundaciones de 2016-2017, que generaron daños superiores a US$957 millones.
En la última década, el sector asegurador ha absorbido parte de estos impactos. Según la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, entre 2022 y 2023 se desembolsaron RD$10,000 millones en reclamaciones relacionadas con huracanes y lluvias intensas, principalmente en propiedades y vehículos.
No obstante, Moody’s Local advierte que la capacidad del sector para mitigar pérdidas económicas depende de su nivel de penetración en la población. “Ampliar la cobertura de seguros personales, de vivienda e infraestructura permitiría mitigar el impacto económico de eventos hidrometeorológicos”, señala el análisis. La agencia enfatiza que los segmentos más vulnerables continúan siendo los menos cubiertos, lo que incrementa la exposición financiera de hogares y pequeñas empresas.
Ante este tipo de eventos, los hogares dominicanos activan medidas de protección con distinta capacidad de respuesta. Según datos de la ONE, el 20.8% asegura muebles y electrodomésticos, mientras un 17.7% opta por desplazarse a viviendas de familiares o conocidos. Un 13.3% realiza compras de alimentos y provisiones, y un 7.2% decide no salir de la vivienda. Otras acciones incluyen trasladarse a albergues (5.4%), podar árboles en riesgo, colocar sacos de arena para evitar la entrada de agua (3.8%) y asegurar tanques de gas y otros enseres.
Gobierno
A nivel de política pública, el gasto en protección ambiental y gestión de riesgos muestra avances, aunque con niveles aún limitados frente a la magnitud del desafío. En República Dominicana, el gasto ambiental del Gobierno Central ha oscilado entre el 0.06% y el 0.13% del PIB, por debajo del promedio regional de América Latina, que se sitúa entre 0.2% y 0.5%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Entre 2015 y 2024, el gasto en protección ambiental aumentó de RD$2,278.10 millones a RD$8,620.59 millones, lo que representa un incremento de 278.41%, de acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Este crecimiento muestra una mayor asignación de recursos hacia áreas como gestión de residuos, agua potable, saneamiento y protección de recursos naturales.
Sin embargo, la distribución del gasto evidencia desafíos en áreas críticas. Para 2024, el gasto en ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado se redujo en un 67.09%, pasando de RD$7.72 millones a RD$2.54 millones. En contraste, la administración del agua aumentó de RD$0.93 millones a RD$352.34 millones, mientras que la protección del suelo contra la erosión creció 88.32%, alcanzando RD$60.96 millones.
Estos cambios muestran las limitaciones en la inversión en infraestructura de drenaje, un factor directamente vinculado a la magnitud de las inundaciones urbanas.
Es así como la recurrencia de lluvias intensas, la presión sobre la infraestructura urbana y la limitada cobertura de mecanismos de protección financiera muestran un escenario en el que los eventos hidrometeorológicos continúan trasladándose, de forma directa, a pérdidas económicas para hogares, empresas y el Estado.
