El Ministerio Público cuenta con más de diez pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de exigir sobornos a cambio de alterar el curso de procesos en fase de investigación, obteniendo beneficios económicos directos.
El órgano acusador solicita 12 meses de prisión preventiva contra el fiscal, imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado “Cobra”.
La solicitud está respaldada por 15 pruebas, que incluyen evidencias testimoniales, documentales y materiales. Entre estas se encuentra el dinero entregado como parte del soborno mediante una entrega vigilada, en la que participaron agentes policiales, así como el vehículo utilizado para reunirse con la persona que realizó el pago.
En las pruebas testimoniales figura Roberto Antonio Canaán Acta, cuyo testimonio permitirá al Ministerio Público demostrar la ocurrencia de los hechos, las circunstancias, la modalidad y la forma en que se realizó la entrega de los US$10,000. También se documentan las presuntas amenazas, coacción y extorsión ejercidas en su contra por el imputado.
Canaán Acta también es testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”, el cual involucra al exdirector Santiago Hazim, quien guarda prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, acusado de cometer irregularidades durante su gestión.
Según la solicitud de medida de coerción, el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo un encuentro con Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante la reunión, el testigo abordó el vehículo del fiscal, quien habría utilizado información privilegiada para ejercer presión. En ese contexto, Valdez Alcántara propuso alterar el proceso judicial a cambio de dinero.
Inicialmente, el imputado exigió US$200,000, suma que luego redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, solicitó un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El Ministerio Público indica que el imputado mantuvo presión constante mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, habría exigido el pago con la frase: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo.
Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del testigo en caso de no cumplir con el pago, condicionando su situación legal.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo se ejecutó una entrega vigilada del dinero presuntamente recibido como soborno.
La jueza presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conocera el próximo 7, a las 2:00 de la tarde la solicitud de la medida de coerción contra el procurador fiscal, Aurelio Valdez Alcántara.
