El análisis se complementó con un estudio de opinión no representativo. Este permitió conocer opiniones sobre el uso, la experiencia y la percepción de los servicios judiciales.
Santo Domingo. – Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra avances significativos en la transformación institucional y eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva, mientras señala desafíos persistentes de carácter estructural que limitan el acceso efectivo.
El documento titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en cumplimiento de plazos. Estos resultados han sido reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.
Entre los hitos más relevantes se encuentran la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66% de los trámites procesados electrónicamente. Asimismo, existe una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
Sistema judicial supera 94.9% de capacidad resolutiva
Según el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo. Por ejemplo, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución de 100.5% mientras que la provincia Santo Domingo, y Monte Cristi con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 90.8% y 87.9% cada una.
El documento agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.
El análisis se complementó con un estudio de opinión no representativo. Este permitió conocer opiniones sobre el uso, la experiencia y la percepción de los servicios judiciales. También evidenció la importancia de utilizar procesos de escucha activa. Estos acercan los servicios y procesos a las necesidades de las poblaciones usuarias.
Uno de los resultados a mencionar es que el 36.3% de las personas usuarias consultadas reportó haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales. Señalaron, en orden de prioridad, demoras en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención.
Brechas presupuestarias impactan la justicia
De las personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia de servicios digitales. Estos permiten consultar sus casos o realizar trámites. Esto muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso. Estas generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias.
Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, las personas usuarias enfrentan varios obstáculos. Entre ellos figuran el desconocimiento de sus derechos. También influyen los costos procesales. Además, afecta la duración de los procesos.
A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6. Además, el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87% en 2025. Este contexto contrasta con países como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4% del presupuesto público.
Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano. Esto se enmarca en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. También se alinea con Meta RD 2036. Además, responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destaca.
Recomiendan reducir barreras en servicios judiciales
El documento analiza resultados y examina brechas. También se basa en experiencias regionales. Además, propone recomendaciones. Estas buscan fortalecer y ampliar los avances. Asimismo, plantean reducir barreras de acceso y respuesta en los servicios.
En este contexto, se propone avanzar en la articulación interinstitucional. Esto permitirá abordar desafíos desde una perspectiva integral. También busca impulsar una justicia de proximidad, con servicios cercanos y accesibles. Además, plantea integrar la tecnología como habilitador. Incluye una planificación basada en datos. También contempla la implementación de políticas diferenciadas según cada región. De manera particular, resalta el involucramiento de actores vinculados a la justicia. Estos tienen un rol importante a nivel comunitario y en la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Los hallazgos del análisis se presentaron en la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026. Participó el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Representó al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina. También intervinieron Ana María Díaz, representante residente del PNUD en República Dominicana, y Gloria Manzotti, especialista de Acceso a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Oficina Regional del PNUD. Además, participaron Sócrates Barinas, economista senior del PNUD República Dominicana, y Alejandro Valerio, consultor coordinador del análisis.
