El empresario multimillonario jamaicano Michael Lee-Chin ha ganado un laudo arbitral contra el Gobierno de República Dominicana por violación de un contrato comercial para la gestión del vertedero de Duquesa y deberá ser compensado con 43 millones de dólares más intereses.
Así lo determinó un Tribunal de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en virtud del Tratado de Libre Comercio Caricom-República Dominicana.
Tras la victoria legal, Lee-Chin dijo estar “satisfecho” con el resultado después de cinco años de arbitraje y urgió a República Dominicana a cumplir “inmediatamente” con la sentencia, según publicaron este domingo los medios jamaicanos.
El empresario, que ya ganó un laudo parcial en 2020, había presentado una demanda contra el Gobierno dominicano por el incumplimiento de un acuerdo comercial.
Su compañía Lajun Corporation tenía un contrato de concesión a largo plazo para administrar un vertedero en Santo Domingo, pero, en 2017, República Dominicana tomó el control militar del lugar alegando una supuesta emergencia ambiental.
Las autoridades dominicanas interpusieron una acción legal a nivel local para rescindir la concesión de Lajun, mientras que Lee-Chin inició el arbitraje basándose en que se había violado el tratado.
En el laudo final, el tribunal determinó que la República Dominicana violó sus obligaciones bajo el tratado en materia de expropiación y de trato justo y equitativo.
El tribunal rechazó todas las objeciones jurisdiccionales presentadas por la República Dominicana y concluyó que el país debe compensar al demandante.
Origen del conflicto
El caso se remonta a 2007, cuando un municipio dominicano firmó un contrato con la empresa Lajun Corporation para la gestión del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.
En 2013, Lee-Chin —presidente de Portland Holdings— adquirió indirectamente el 90 % de la empresa y de los terrenos del vertedero a través de sus compañías.
Sin embargo, en 2017 el Gobierno dominicano rescindió el contrato, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, y asumió el control total de las instalaciones.
El inversionista consideró esta acción como una expropiación ilegal y, en 2018, llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor de Lee-Chin, al determinar que la terminación del contrato violó principios de trato justo y constituyó una expropiación.
Como resultado, se ordenó al Estado dominicano pagar:
- US$38.7 millones por la expropiación
- US$4.8 millones por trato inequitativo
- Intereses y costos adicionales
El total supera los US$43.6 millones.
Intento fallido de anulación
El Gobierno dominicano intentó anular el laudo en un tribunal federal en Washington D.C., argumentando que no existía un acuerdo válido para someter la disputa a arbitraje.
No obstante, la corte estadounidense desestimó estos argumentos y confirmó la validez del fallo internacional, lo que abre la puerta a su ejecución.
