Por Charlie Núñez
Por motivo del COVID-19, el 17 de marzo del 2020, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, declaró el país en estado de emergencia, disponiendo medidas como cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, suspensión de actividades no esenciales y se estableció un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana.
Estas medidas fueron desmontadas gradualmente hasta quedar derogadas completamente en febrero del 2022, es decir, casi dos años de restricciones para salvaguardar la vida de los dominicanos.
4,384 fueron las muertes registradas por COVID durante esos dos años en que se paralizó el país. Le solicité a la IA que me resumiera la cantidad de muertes registradas en el país en los últimos dos años, como producto del desorden social imperante; esto incluye accidentes de tránsito y muertes violentas en distintas manifestaciones.
9,580 son los dominicanos fallecidos de manera violenta o accidentada del 2024 al mes de septiembre del 2026, algunos datos consolidados, otros no; de cualquier forma que usted lo quiera observar, la debacle moral que vive la sociedad dominicana duplica en cantidad de muertes durante la pandemia que motivó el cierre del país, sin que ahora usted sienta una alarma por parte del gobierno, la oposición, las iglesias o cualquier otra entidad o sector a quienes deba dolerle este país.
Lo peor del escenario que estamos viviendo, de muertes, robos, narcóticos, irrespeto, inseguridad, pérdidas de valores, corrupción, justicia selectiva, etc., nos sitúa a todos como potenciales víctimas; nadie asume su responsabilidad en lo que está sucediendo y han aparecido con buen apoyo a nivel de opinión los agentes policiales que están dando de bajas de manera extrajudicial a los jóvenes de los barrios, los mismos barrios que denuncian que los héroes de hoy cobran peajes y que los caídos son los que no están cumpliendo con sus cuotas.
El momento demanda un gran pacto social; el primer paso es reconocer cómo la ambición y el individualismo nos han llevado a actuar de forma tal que preferimos perjudicar el todo para obtener un beneficio particular.
Los gobiernos han fallado, los empresarios han fallado, la justicia falló, nuestros congresistas fallaron, policías y militares fallaron, pero está fallando la institución más importante, la responsable de que esas otras fallen; me refiero a la familia. Es hora de que estas asuman el cuidado y control de sus integrantes.
Revisemos en un consejo de gobierno familiar el comportamiento de cada quien, el contenido de la música que escucha, con quiénes se junta, si compra ropa cara, tiene dinero y no trabaja, chequear de dónde la saca, revisemos sus vocabularios, discutamos sus planes. A los torcidos, si tienen que internarlos a desintoxicar, háganlo; si cometieron algún delito o lo están persiguiendo, entréguenlo. Es hora de que la familia actúe.
Señores gobierno, a ustedes no se les elige para que se encierren en una burbuja y, si salen un rato de ahí, es para estrujarles en los ojos la bonanza que están teniendo desde que los bobos les tomaron 500 pesos y un pica pollo. Paren los préstamos, los privilegios hacia los amigos, frenen el despilfarro y promuevan los valores.
La justicia que se ponga la venda frente a todos por igual y no levante teléfonos de “amigos” a la hora de impartir justicia; hay muchos policías que quieren hacer bien su trabajo. Es un buen momento para separar la paja del trigo y frenar de una vez y por todas el sicariato, los peajes, los cobros por protección y las complicidades.
El problema no es sencillo, pero nadie dijo que sería fácil; ahora bien, no podemos seguir con un país en donde la población tiene más miedo de las autoridades que de los delincuentes y es mucho el temor por la delincuencia.
