Las tres diligencias de investigación sobre Don Juan Carlos que pilota la Fiscalía del Tribunal Supremo podrían llegar a su fin este mismo otoño con un resultado favorable al padre del Rey, pues tanto la inviolabilidad de la que gozó cuando ostentaba la Jefatura del Estado como la prescripción de algunos presuntos ilícitos y la falta de pruebas en otros, sumado al hecho de que ha acometido dos regularizaciones fiscales por patrimonio no aflorado estarían inclinando la balanza en favor del archivo de las actuaciones. Él no será llamado a declarar.
Según ha adelantado y ha confirmado en fuentes jurídicas, el equipo de fiscales, con el teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos al frente, trabaja en ese sentido y con la mirada puesta en el mes de diciembre, cuando para seguir investigando la Fiscalía debería dictar un decreto de prórroga de las actuaciones difícil de explicar habida cuenta del tiempo transcurrido sin que se haya dado el paso de presentar una querella.
La decisión, que de acuerdo a las fuentes consultadas se inclina hacia el archivo, afectará a las tres líneas de investigación, pues si bien tienen objetos diferentes e incluso los hechos abarcan marcos temporales distintos, se cruzan en lo que al análisis del patrimonio y movimientos bancarios se refiere.null
Cabe recordar que aunque estos asuntos han cumplido un año en el Supremo, las investigaciones se iniciaron tiempo atrás. Las primeras pesquisas se incoaron en la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2018 y versaban sobre el destino de unas supuestas comisiones a partir de la adjudicación del AVE a la Meca en Arabia Saudí a un grupo de empresas españolas. Las segundas datan de principios de 2019 y analizaban si Don Juan Carlos utilizaba a un militar de su confianza como una suerte de testaferro para recibir fondos que le enviaba el empresario mexicano Allen Sanginés Krause.
Las terceras son las más recientes, fechadas a finales del año pasado, y tienen que ver con un capital presuntamente relacionado con el padre del Rey oculto en la Isla de Jersey. Desde su entorno, este asunto en concreto siempre se ha negado, afirmando que ni tuvo nunca intereses económicos en ese paraíso fiscal de bandera británica.
El AVE, Zagatka y la regularización
Respecto de las diligencias del AVE a la Meca, tirando del hilo inicial y a golpe de comisiones rogatorias con Suiza, que tiene abierta una investigación por blanqueo de capitales que afecta, entre otras personas, a Corinna Larsen, los fiscales llegaron hasta dos fundaciones: Lucum y Zagatka.
Lucum, panameña y con cuenta en Suiza, es la estructura a través de la cual el padre del Rey recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí que luego en 2012 traspasó a una cuenta de Corinna Larsen. Zagatka, por su parte, tiene de titular a su primo Álvaro de Orleans, pero fue montada por los mismos gestores –Arturo Fasana y Dante Canónica– que Lucum, y resultó que había sufragado a Don Juan Carlos vuelos privados por más de ocho millones de euros.
El primer asunto habría tenido lugar cuando Don Juan Carlos era inviolable como jefe del Estado, igual que todos los indicios que pudieran apuntar a un movimiento de comisiones relacionados con el AVE en Arabia Saudí. Esto ya quedó esclarecido a finales del año pasado, sin embargo, la línea sobre la relación con Zagatka, en la que el padre del Rey llegó a constar como beneficiario en caso de defunción de su primo y los herederos del mismo, mantuvo abiertas las diligencias.
No obstante, Don Juan Carlos acometió una regularización fiscal el pasado marzo y pagó 4,3 millones de euros de multa por aquellos vuelos, una suerte de ingreso en especie. En esta recta final de las diligencias, la Fiscalía esperaba informe de la Agencia Tributaria sobre la veracidad de esa regularización y la posibilidad de que le eximiese de un posible delito fiscal en caso de que no hubiese prescrito y contaban con haber aclarado el asunto antes de diciembre.
En cuanto a las pesquisas sobre los fondos de Sanginés-Krause, estaban en una situación parecida. Cabe recordar que ese militar de confianza de Don Juan Carlos ya fue oído en declaración en la Fiscalía Anticorrupción, donde se había practicado ya el grueso de la investigación cuando fue asumida por los fiscales del Supremo. Los hechos no estarían prescritos pero apuntarían a un posible delito fiscal que el padre del Rey ha podido eludir con la regularización fiscal que acometió el pasado diciembre por aquellas donaciones y que le supuso abonar 678.393 euros en recargos. Pendía, igualmente, el informe de Hacienda.
