El Gobierno dio esu visto bueno a que España se sume a la denuncia que casi 40 países han interpuesto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, para que rinda cuentas como autor de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había acordado remitir la petición de investigación al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer si se han cometido crímenes bajo su jurisdicción en Ucrania. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos y utilizaremos todas las herramientas del Estado para combatir la guerra de Putin», afirmó la también titular de Política Territorial. En total, hasta 38 países han acordado solicitar dicha investigación.
Se trata del primer paso de un proceso que puede desembocar en que Putin no vuelva a ingresar en territorio de ninguno de los 123 países que forman parte de la CPI ante el temor a ser encarcelado. Para ello, el fiscal tendría que emitir una orden de detención contra él tras recabar pruebas y constatar que ha cometido crímenes atroces. No obstante, y al no haber ratificado Rusia –tampoco Ucrania– el Estatuto de Roma de la CPI y no reconocer su autoridad, las posibilidades de ver al presidente ruso sentado en el banquillo son prácticamente nulas.
La iniciativa, que el Gobierno ya adelantó en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo en la isla de La Palma, se suma a la presión que España, junto al resto de socios europeos, está ejerciendo a través de sanciones económicas. Pretenden agotar así todas las vías para que la invasión de Rusia tenga consecuencias para Putin
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también recordó esta mañana que el objetivo principal ahora mismo radica en «aislar cada vez más al entorno de Putin» y que «la agresión a Ucrania no le salga gratis». Albares hizo hincapié durante una entrevista en Telecinco que el mandatario ruso había diseñado una guerra del siglo XX a la que el resto de países están respondiendo con herramientas del siglo XXI». Es decir, con sanciones económicas masivas y acusaciones de crímenes de guerra como la que España ya ha ratificado.
