La Acción Empresarial por la Educación (Educa) consideró este domingo que la voluntad política de las actuales autoridades para reformar la Ley General de Educación 66-97 crea la oportunidad para que los principios y compromisos debatidos y legitimados por la sociedad dominicana en el proceso de construcción colectivo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa cobren fuerza de ley.
Conforme a la organización, la nueva normativa deberá constituirse en una ley flexible de cumplimiento rígido, a diferencia de la ley vigente que se ha caracterizado por ser un estatuto rígido de cumplimiento flexible.
Opinó que toda revisión de la Ley General de Educación, así como de la legislación complementaria, debiera eliminar privilegios, prerrogativas, y cualquier beneficio para los diferentes actores vinculados con el sistema educativo, con la salvedad de aquellos que surjan de los talentos y virtudes demostrados en instancias objetivas y competitivas.
“Ahora bien, se excluye de esta máxima únicamente al cargo de ministro de Educación, que debe ser designado por el presidente de la República conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Constitución Nacional”, dijo la entidad en una nota de prensa.
En la Nota Técnica Reforma de la Ley General de Educación: consideraciones para cumplir con un compromiso pendiente, firmada por el director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, Educa hace sus planteamientos sobre las reformas a esta ley en su calidad de representante del sector educativo privado ante la comisión recientemente instalada por el Ministerio de Educación.
Educa consideró que las acciones del Ministerio de Educación deben limitarse a definir únicamente los estándares de calidad esperados independientemente del tipo de oferta, delegando en la comunidad educativa privada plena libertad para la elección de los métodos, estrategias pedagógicas y marco disciplinares que entienda adecuado.
Indicadores de calidad de gasto
El director ejecutivo de Educa resaltó la importancia de incorporar en la nueva norma indicadores atinentes a la calidad del gasto, tales como el ratio de personal administrativo docente; gastos de capital sobre gastos recurrentes y formación de docentes por resultados, etc.
Expuso que Educa, junto a la sociedad dominicana, ha tomado como una conquista el 4 % y está dispuesta a defenderlo como a una trinchera, “sin embargo, parece sensato, a la luz de los resultados, condicionar los desembolsos de esos presupuestos al logro de las metas de calidad previamente definidas”.
Dijo que desde el 2013 fecha en que se comienza a honrar el 4 % del PIB establecido en el artículo 197 de la actual ley, se han acumulado más de USD 27,000 millones destinados a la proporción de la educación administrada por el Minerd.
Desde el prisma institucional, en el financiamiento de la educación no debiera primar la lógica del gasto sino de la inversión, procurando y fundamentando que cada peso del presupuesto esté asociado e identificado sobre una cadena de valor, que conduzca a una mejora integral de los aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles, modalidades, subsistemas y ofertas.
Suspensiones
Darwin Caraballo dijo que para proteger el derecho de los estudiantes y de sus familias para asegurar la continuidad del calendario y el horario escolar, la nueva ley debe limitar la suspensión de jornadas de clases.
Evaluación
De acuerdo con Educa, la nueva legislación debiera también promover y consagrar una cultura de la evaluación para el sistema educativo, bajo el supuesto de que no hay caminos de mejora posible sin medir con objetividad procesos, resultados, impactos y desempeños.
Estimó que cada funcionario, estudiante, autoridades educativas, entidad administrativa y centros educativos públicos y privados deberán rendir cuenta, sistemática y públicamente, del logro de sus resultados y desempeño ante las autoridades competentes del sistema educativo y estos resultados deberán ser de dominio público.
Formación y la carrera docente
En el documento, se sugiere que el nuevo marco normativo ascienda a rango de ley al estatuto docente, el cual también debiera ser ajustado y revisado a la luz de los principios y filosofía que se viene describiendo.
Opinó que las regulaciones sobre la formación de docentes, sobre la carrera docente y sobre jubilaciones y pensiones, deberían garantizar la transparencia y el profesionalismo, para que cada maestro o profesor sea recompensado en función de su nivel de desempeño, competencias y compromiso con la causa de la educación.
De igual manera, la Nota Técnica No.82 aborda la necesidad de que se avance en una nueva agenda de derechos que establezca la potestad de los niños y adolescentes a aprender y a culminar los ciclos educativos, al menos hasta el primer nivel de la educación secundaria.