Justicia británica rechaza el proyecto independentista de Escocia



Escocia no puede legalmente convocar un nuevo referéndum sobre su independencia del Reino Unido sin el acuerdo del poder central en Londres, dictó el miércoles el Tribunal Supremo británico, complicando los planes del ejecutivo autónomo de la nacionalista Nicola Sturgeon. 

La facultad de organizar una consulta de este tipo está «reservada» al parlamento del Reino Unido y, por tanto, «el parlamento escocés no tiene la capacidad de legislar sobre un referéndum de independencia», afirmó el presidente de la más alta jurisdicción del país, Robert Reed, al leer una sentencia alcanzada por unanimidad en solo seis semanas.

La primera ministra Sturgeon se declaró inmediatamente «decepcionada» por una decisión que en su opinión «no hace la ley, solo la interpreta».

«Una ley que no permite a Escocia elegir su propio futuro sin el consentimiento de Westminster pone de manifiesto que cualquier noción de que el Reino Unido es una asociación voluntaria es un mito y refuerza la necesidad» de un referéndum de autodeterminación, tuiteó.

El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes situada en el norte del Reino Unido, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta «¿Debe Escocia ser un país independiente?». 

Incluso fijó ya la fecha: el 19 de octubre de 2023. 

Pero asegura desear «un referéndum legal», para evitar un conflicto como el vivido en España en 2017 debido a la consulta realizada en Cataluña pese a la prohibición de la justicia española.

El ejecutivo central de Londres se niega en rotundo, argumentando que Escocia ya organizó un referéndum de autodeterminación en 2014, por lo que el SNP buscaba cubrirse con un marco legal propio, aprobado a tal efecto por la cámara regional escocesa.

Y anticipándose a una ardua batalla legal, la Lord Advocate Dorothy Bain, representante jurídica del ejecutivo escocés, pidió hace seis semanas al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre la legalidad de este proyecto.

– Volver a la Unión Europea –

En el referéndum de 2014, organizado con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, 55% de escoceses votó a favor de permanecer en el Reino Unido.

El principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea. 

Pero paradójicamente, dos años más tarde el referéndum sobre el Brexit –contra el que votó el 62% de escoceses– acabó sacando a la región del bloque precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.

Sturgeon y su partido argumentan que esto cambió completamente la situación y considera que disponen de un «mandato indiscutible» para organizar otra consulta gracias a su mayoría en el parlamento regional, la primera de la historia de diputados proindependentistas.

El SNP ganó las legislativas de 2021 con la promesa de celebrar una nueva consulta legal una vez superada la pandemia de covid-19. 

Los sondeos muestran a los escoceses casi divididos por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la UE.

El «derecho de autodeterminación es un derecho fundamental e inalienable», defendió en octubre el gobierno escocés escudándose en una legislación internacional que según el Tribunal Supremo británico no se aplica a este caso.

Por su parte, los abogados del ejecutivo británico habían argumentado ante los jueces, como ya ocurrió en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a todo el país. Y el Supremo les dio la razón.

Aunque los nacionalistas escoceses prometían organizar una votación puramente consultiva, Londres se encontraría bajo gran presión para autorizar la independencia si esta se impusiera por considerable mayoría.

El SNP ya había anunciado que si la justicia no les daba la razón planean convertir las próximas legislativas, previstas en 2024 o 2025, en un plebiscito de facto, haciendo campaña sobre esa única cuestión.

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