Juez rechaza excarcelar a exministro de Bolsonaro acusado de facilitar la asonada de Brasilia



Un juez de la suprema corte brasileña decidió este miércoles mantener en prisión al exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, a cargo de la seguridad de Brasilia el 8 de enero, día del asalto a los tres poderes.

La defensa de Anderson Torres, preso de forma preventiva desde el 14 de enero por “indicios de omisión” ante los ataques a las sedes de los tres poderes por parte de seguidores radicalizados de Bolsonaro, había pedido al juez Alexandre de Moraes la libertad, pero el magistrado consideró que no hay motivos para ello y que sería “prematuro” concederla.

En su decisión, Moraes destacó que la “omisión y connivencia de diversas autoridades del área de seguridad” con los vándalos quedaron “demostradas”.

El juez citó, entre otros puntos, la presencia de un número insuficiente de policías el día de los ataques y la autorización para que más de un centenar de buses con manifestantes ingresaran a la capital de Brasil sin ningún seguimiento de la policía.

Torres, quien se encontraba en Estados Unidos el día de los ataques, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Brasilia, luego de haber sido ministro de Justicia del exmandatario ultraderechista hasta el fin de su mandato, en diciembre de 2022.

En su decisión, el juez citó además el hallazgo de un borrador de decreto, incautado en la casa de Torres el 12 de enero y fechado en 2022 en Brasilia, que tenía por objeto crear una comisión que asumiera las responsabilidades del tribunal electoral y revisara el resultado de las presidenciales de octubre, cuando el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro.

Los hechos “demuestran una posible organización criminal” que se aprovechaba de una “red virtual de seguidores” y compartía “mensajes para derrumbar el Estado democrático de Derecho”, precisó Moraes.

El magistrado recibió asimismo este miércoles en Brasilia a representantes de redes sociales como Telegram, Twitter y Youtube, y defendió una “cooperación mayor” y una regulación para combatir la desinformación, tras la “intensidad de ataques” en esos sitios durante las elecciones y el 8 de enero.

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