El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos advirtió que lo más importante en el caso Operación Calamar, es que el órgano persecutor haga un trabajo lo más ajustado al debido proceso.
Valentín explicó que por más complejo que sea al caso, si el órgano persecutor desea tener éxitos, debe revestir este proceso de las mayores garantías del derecho constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.
El Defensor Público amplió que el órgano persecutor debe velar por el debido proceso, porque se trata de un caso emblemático en el país ya que involucra a tres ex ministros de gobierno
“Que yo recuerde en el país no se había producido un caso como este, con tantas personas envueltas, y la atención de la población, como director Nacional de la Defesa Pública, es importante señalar, que por muy complejo que sea este caso Operación Calamar, es importante que el órgano persecutor, cuide en extremo el debido proceso”, significó el funcionario.
Valentín agregó que el Código tiene 28 principios que indican cuáles derechos fundamentales se deben respetar y que por lo tanto, cualquier requisa debe ser autorizada por el juez de la instrucción, que es parte de las garantías del debido proceso.
Ampliò que aunque es un observador desde las gradas, entiende que este tipo de allanamientos en las horas en que fueron efectuados, no choca con el debido proceso, porque hay una orden que se le requiere, y un juez que la autoriza.
Añadió que la hora en que se realizan los allanamientos tiene mucho que ver con la estrategia del órgano persecutor, “como son personas que tienen vinculación al mundo político, es decir tienen personas que los siguen, se le dificulta al Ministerio Público ejecutar esa acción en las horas del día”
Amplió que por la misma influencia de esas personas en la sociedad, durante el proceso de allanamiento se pueden aglomerar personas en el entorno del lugar donde se realiza, que entorpezcan el trabajo de los fiscales.
Rodolfo Valentín expresó que en medio de una dificultad como esa, se expone a los propios imputados, a los fiscales, agentes policiales y otros actores actuantes en el caso.
Tema de Seguridad
Citó como ejemplo los disturbios que se produjeron cuando llevaron los imputados a la Fiscalía del Distrito Nacional en Ciudad Nueva, para conocer las medidas de coerción, a pesar que no le habían maltratado.
El Defensor observó que el Ministerio Público actuó de esta forma, más por un tema de seguridad, que de violación o conculcación del debido proceso.
“Este es un caso complejo por la multiplicidad de los imputados, y por la cantidad considerable de las pruebas documentales que se han presentado, aunque no sé cuáles pruebas materiales tienen, pero el caso es voluminoso, ahora bien, no podemos convertir una vista de medidas de coerción en un juicio de fondo, porque lo único que se va a examinar es si los imputados tienen arraigos para presentarse con posterioridad a las demás etapas del proceso”, añadió el funcionario garantista.
A seguidas, Valentín criticó la mala práctica que se ha seguido en el país al conocer medidas de coerción, porque se presentan las pruebas, se escuchan testimonios, cuando en el buen derecho, ese proceso no debe durar más de un día.
