El ex fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero descartó que en las persecuciones de corrupción que ha destapado el Ministerio Público con el caso Operación Calamar, haya persecución política.
De acuerdo al también dirigente del partido Fuerza del Pueblo, las pruebas que se han evidenciado no muestran las imputaciones políticas o derivaciones, porque se trata de hechos graves que merecen la persecución eficaz, cómo lo está haciendo la Procuraduría General de la República.
El abogado y político significó que el gobierno del presidente Luis Abinader está tratando de reducir las funciones al ministerio público, al hablar de cómo combatir la corrupción.
“Yo analizo y leo la medida de coerción; lo ocurrido en el Ministerio de Haciendas, en el departamento o dirección de Casino, y lo que contacto es que hay una autoridad administrativa ejerciendo las funciones que le corresponden al Ministerio Público, la de perseguir un ilícito penal”, explicó Hernández Peguero
El dirigente político dijo que por eso no está de acuerdo con el ministerio de justicia, porque si los fiscales son los responsables de la incautación de los bienes ilícitos, los usados y los producidos, no le puede quitar la administración de estos
Agregó que cuando el fiscal incauta algunos bienes, se convierten en responsables de esos como establece el Código Procesal Penal, pero que al para pasarlo a una administración de funcionarios políticos, se corre un gran riesgo que llevará a los fiscales no querer incautar.
“Este es el inicio, de lo que se trata es de qué podamos tener una institución a la cual se le tema, que es el ministerio público y para eso se va a requerir de una voluntad política”, refirió.
Hernández Peguero criticó la postura del gobierno respecto al ministerio público, porque –observó- desde un principio ha intentado, no sólo quitarle funciones, sino reducirlos.
