Juan Pablo Lira B.
Recientemente, se reunieron en Brasilia, por invitación del presidente Lula, los presidentes de los países de América del Sur con la excepción de la presidenta de Perú, quienes no se reunían desde casi una década, siendo ello una triste constatación de cuan alejados nos encontramos unos de otros repercutiendo así negativamente en nuestro desarrollo, porque desunidos seguiremos siendo meros observadores y no actores del acontecer político y económico mundial.
Tenemos más de 200 años de vida independiente, con la excepción de Guyana y Surinam, y hemos fracasado sistemáticamente en los distintos intentos integracionistas que nos hemos propuesto.
Se han interpuesto nacionalismos decimonónicos, disputas fronterizas que arrastramos desde la colonia, ideologismos trasnochados, generando todo ello, que sigamos dándonos las espaldas.
La reunión en cuestión estuvo precedida de una visita del presidente Maduro. En ella, Lula atribuyó el aislamiento internacional de Maduro y su inestabilidad a una “narrativa” construida para proyectar una imagen negativa y autoritaria de su gobierno.
Dicha interpretación ocasionó que los presidentes de Uruguay y Chile, de ideologías distantes salieron al paso para puntualizar que la situación venezolana estaba lejos de ser una mera narrativa.
Muestra de ello, es la migración de más de siete millones de venezolanos. Tampoco lo son las violaciones a los derechos humanos, denunciadas en reiteradas resoluciones de Naciones Unidas.
Y como lo puntualizara el presidente de Chile, estos hechos deben denunciarse y condenarse sin importar si el violador es de izquierda o derecha.
Ello, no fue obstáculo para que entre los once presidentes reunidos hubiera consenso sobre lo positivo del regreso de Venezuela a la mesa regional.
En concreto, los presidentes acordaron una declaración de nueve puntos, en los que reafirman la visión común de que América del Sur es una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos.
Concordaron que la integración regional debe ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos en la construcción de un mundo pacífico; el fortalecimiento de la democracia; la promoción del desarrollo económico y social; la lucha contra la pobreza, el hambre y todas las formas de desigualdad y discriminación; la promoción de la igualdad de género; la gestión ordenada, segura y regular de migraciones; el enfrentamiento al cambio climático; la promoción de la transición ecológica y energética a partir de energías limpias; el fortalecimiento de las capacidades sanitarias; y el combate al crimen organizado transnacional.
Se comprometieron, a trabajar por el incremento del comercio y de las inversiones entre los países de la región; la mejora de la infraestructura y logística; el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales; teniendo como meta una efectiva área de libre comercio sudamericana.
Reconocieron la importancia de mantener el diálogo, con miras a impulsar el proceso de integración y proyectar la voz de la región en el mundo, para lo cual establecieron un grupo de contacto, encabezado por los Cancilleres, que evaluará las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración que deberá elaborar una hoja de ruta, a ser sometida a la consideración de los jefes de Estado.
Finalmente acordaron promover, iniciativas de cooperación sudamericana, en áreas como salud, seguridad alimentaria, medio ambiente, recursos hídricos, desastres naturales, infraestructura y logística, interconexión energética y energías limpias, transformación digital, defensa, seguridad e integración de fronteras, combate al crimen transnacional organizado y ciberseguridad.
