La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó los 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, de República Dominicana que resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas.
Agregó que además, dejó apátridas a quienes no son consideradas nacionales de ningún otro Estado; y llama al Estado a adoptar medidas efectivas para restituirles el derecho a la nacionalidad a las personas que aún persisten en esa condición y a abstenerse de adoptar leyes, políticas públicas, medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de apatridia en el país.
La Comisión ha dado seguimiento a la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
En 2019, saludó las acciones informadas por el Estado relativas, entre otras, a la adquisición de la nacionalidad y migración en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos. A la vez, observó que el Estado cuenta con tareas pendientes y desafíos que afrontar para alcanzar su total cumplimiento.
Según información enviada por el Estado a la CIDH, en aplicación de la Ley 169-14 se restituyó el estatus jurídico anterior a la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirles sus documentos como dominicanos a 60.773 personas identificadas por la Junta Central Electoral (JCE).
De ellas, solamente 26.123 personas acudieron a retirar sus documentos, mientras que las restantes 34.610 personas no se habían presentado a retirar dichos documentos.
Además, identificó a 7.159 personas aprobadas a registrarse en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE) para que, luego de dos años, soliciten la naturalización. Según lo informado, luego de depurar expedientes, se emitieron decretos presidenciales de naturalización 262-20 y 297-21 que otorgaron la naturalización a 799 personas.
En el marco de este procedimiento, el Estado estaría en proceso de reapertura de la oficina que entrega dichos documentos, para garantizar la estancia regular de estas personas en el país.
El Estado también señaló el compromiso del gobierno dominicano de resolver los asuntos concernientes a la nacionalidad, principalmente, a través de la implementación de la ley 169-14 dada la importancia de abordar la cuestión de manera justa y equitativa.
Además, manifestó su firme compromiso con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
