El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón estimó como “un acto de injerencia”, el reclamo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al estado dominicano de que adopte medidas efectivas para restituirles el derecho de nacionalidad a quienes están en esa condición, y que se abstenga de adoptar leyes, políticas públicas o medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de apatridia en el país.
El también catedrático universitario consideró que la CIDH con malicia pretende dejar entrever que es quien asigna los derechos de nacionalidad en estos países, y no la constitución que los sustenta.
“La arrogancia de que es esa comisión la que asigna la nacionalidad en cada país y no las constituciones, eso es injerencia”, manifestó.
Castillo Pantaleón declaró como una falsedad que los hijos de extranjeros indocumentados nacido en el país son dominicanos, porque todo el ordenamiento jurídico del país desde el año 1884 establecen las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana.
“Esa postura de la CIDH mansilla nuestro Código Civil desde el 1884, todas las constituciones dominicanas desde el 1929, leyes ordinarias, y las jurisprudencias de las altas cortes, que históricamente mantienen esa coherencia”, refirió el abogado.
Añadió que además, esa postura de la CIDH también mansilla la constitución de Haití, que establece que los hijos de los haitianos adquieren la nacionalidad sin importar donde hayan nacido.
Castillo Pantaleón expresó que con ese comunicado la CIDH demuestra desprecio hacia la constitución de Haití, cuando los declara como: “apátrida” cuando su propia constitución los considera como haitianos.
El catedrático universitario observó que en realidad la CIDH lo que procura con esta posición es que la República Dominicana absorba a toda la población haitiana, lo que es una ofensa a la soberanía y auto determinación del pueblo dominicano.
,
