Por casi dos décadas, República Dominicana ha promovido la generación energética mediante fuentes renovables con incentivos fiscales. Como resultado, al menos 15% de la electricidad del 2023 fue producida de manera “limpia”, una opción que beneficia, en gran medida, al medioambiente.
No obstante, el costo de esa generación, lo paga las arcas del Estado. Así lo plantearon el economista Magín Díaz y el consultor internacional Jerónimo Roca, durante la presentación un estudio que evalúa el impacto de los estímulos fiscales en ese sector energético, el mismo que aseguraron representa la mitad del déficit público y, por tanto, casi el 50% del déficit acumulaba en el crédito.
Durante la actividad, Díaz planteó una perspectiva crítica sobre los incentivos otorgados a la energía renovable, destacando que, si bien son una decisión política importante, conllevan costos significativos para el país. Entre los desafíos mencionados se encuentran los gastos tributarios, los subsidios implícitos en las tarifas eléctricas y la creación de inestabilidad en el sistema eléctrico, especialmente durante la noche o condiciones climáticas adversas.
Explicó que la instalación de paneles solares, aunque promueve la generación distribuida y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, también puede generar costos adicionales para las empresas distribuidoras de energía (EDE). Estos costos provienen de la necesidad de mantener una reserva de energía disponible en todo momento, incluso cuando la energía solar no está disponible.
En el país se conceden incentivos –tarifarios y tributarios– a los clientes residenciales cuya capacidad instalada sea menor o igual a 25 kW y a los clientes comerciales e industriales que no superen 1 MW. La capacidad instalada de la generación distribuida es de 380.6 MW, representando poco menos del 6% de la capacidad instalada total del país. De ese total, el 87% está conectado a las redes de distribución de las EDE, poco más del 4% a los Sistemas Aislados y el restante 9% es autoproducción.
Solo en el período 2018-2022, el número de clientes de generación distribuida, en su amplia mayoría fotovoltaicos (paneles solares), creció en 8,800, casi 1,800 por año. En la actualidad, esa cifra alcanza los 13,064. En ese lapso, se instalaron 224 MW, casi un 70% de la capacidad instalada actual, un promedio de 45 MW por año, lo que supone una tasa de crecimiento promedio anual de casi 40%.
El análisis destaca la importancia de evaluar cuidadosamente los impactos y costos asociados con los incentivos a la energía renovable. Aunque reconoce que los incentivos son una herramienta válida de política industrial, sugiere que, con el tiempo, muchos de estos incentivos tienden a desmontarse a medida que la tecnología se vuelve más asequible y madura.
Sin embargo, señala que, en el caso de República Dominicana, los incentivos a la energía renovable no han seguido esta tendencia y continúan vigentes, lo que plantea interrogantes sobre su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.
La proliferación de paneles solares está implicando un costo a las EDE de casi US$90 millones de dólares anuales. Es decir, ya representa una parte importante del déficit del sector eléctrico. El estudio muestra que ese costo está aumentando cada vez más, pasando de US$23.2 millones en 2018 a US$89.1 millones en 2023, multiplicándose por más de 4 veces entre ambos años. Los datos evidencian el impacto creciente de la proliferación de paneles solares en las finanzas de las distribuidoras.
Expertos plantean retos de la energía renovable para el Estado
