La Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana es una dependencia del Poder Judicial al servicio de las personas que requieren de un abogado defensor cuando son acusadas de algún delito penal.
Con un presupuesto anual de RD$650 millones, esta institución cuenta con 298 abogados que ofrecen asistencia judicial de defensa a por lo menos el 80% de los poco más de 25,000 privados de libertad que hay en el país.
Rodolfo Valentín, director general de esa institución, informó que se requieren por lo menos 200 abogados defensores adicionales para ofrecer un servicio más efectivo, además de recursos para abrir al menos ocho nuevas oficinas en distintos puntos del país, adicionales a las 29 existentes.
“Para ser defensor público hay que tener el deseo y la intención de ofrecer este servicio, porque el trabajo es mucho y la remuneración es limitada”, declaró el funcionario al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión.
Dijo que otra limitación de los defensores públicos es que de los 298 abogados con que cuenta, solo la mitad son de carrera, mientras la otra parte son contratados. Esto así, por la falta de recursos para garantizar su permanencia.
En cuanto al exceso de trabajo, solo hay que calcular que, en términos promedio, cada abogado defensor público tiene alrededor de 50 privados de libertad a su cargo, lo cual les lleva a participar cada día entre seis y ocho audiencias.
“Aun así, los defensores públicos realizan una labor de entrega y están pendientes de sus responsabilidades al servicio de los privados de libertad”, declaró Valentín.
El funcionario reconoció, sin embargo, que República Dominicana tiene una limitación en su sistema de justicia, debido a que los defensores públicos están para garantizar la defensa de los acusados, que en muchos casos son victimarios, mientras que las víctimas o sus familiares no cuentan con la asistencia gratuita de abogados defensores en su acusación.
Aunque reconoce que eso puede ser injusto, asegura que se trata de lo que establece la normativa legal vigente y hay que cumplirla.
Defensa Pública necesita recursos para mejorar su labor
