Un tribunal de Kenia suspendió este miércoles el despliegue del Ejército ordenado la víspera por el Gobierno ante las fuertes protestas del martes que desembocaron en la invasión del Parlamento, después de que la medida fuera impugnada por el Colegio de Abogados de Kenia (LSK, en inglés).
Según medios locales, el Tribunal Superior de Nairobi ordenó suspender el despliegue, después de que la Asamblea Nacional (Cámara baja) lo hubiera aprobado este mismo miércoles en una sesión extraordinaria para apoyar a la Policía frente a la «emergencia de seguridad» derivada de las movilizaciones.
Las masivas protestas, sin precedentes en la historia reciente del país, fueron convocadas contra un proyecto de ley que contemplaba subidas fiscales y que fue finalmente retirado este miércoles por el presidente keniano, William Ruto.
El LSK presentó una petición contra el ministro de Defensa, Aden Duale, y la Asamblea Nacional, al denunciar que el despliegue del Ejército anunciado por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado keniano y puesto en marcha el martes era ilegal.
La Constitución de Kenia establece que el Ejército «puede desplegarse para restaurar la paz en cualquier parte de Kenia afectada por disturbios o inestabilidad solo con la aprobación de la Asamblea Nacional».
La orden para desplegar a las Fuerzas Armadas kenianas se divulgó después de que la Policía se viera superada este martes, sobre todo en Nairobi por las manifestaciones, que llevaron a las calles a decenas de miles de personas en todo el país.
Según los últimos datos confirmados por una plataforma que agrupa una veintena de ONG, al menos 23 personas murieron -14 de ellas en la capital- y más de 300 resultaron heridas en todo el país en la que fue la tercera jornada de protestas en la última semana.
Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 35 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre los manifestantes y la Policía, que abrió fuego para intentar impedir el asalto del Parlamento.
Los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de «traidores», después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico proyecto legislativo, frente a 106 votos en contra.
Con esta norma, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal, mientras los manifestantes sostenían que empobrecería a la población.
Finalmente, en una rueda de prensa este miércoles en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi, el presidente keniano informó de que ha rechazado firmar la propuesta legislativa después de que el pueblo de Kenia «haya dicho en voz alta que no quiere tener nada que ver con el Proyecto de Ley de Finanzas de 2024».
A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas a través de las redes sociales por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (nacidos entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico.
