Dr. Isaías Ramos
Entre las doce reformas anunciadas por el Presidente de la República, se destacan la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01) y el Código de Trabajo (Ley 16-92).
Estas legislaciones han sido un obstáculo para nuestra producción y desarrollo nacional, perjudicando tanto a trabajadores como a empleadores y estancando nuestro potencial de crecimiento.
El desafío de la nación es multidimensional y requiere especial atención en la transformación radical del Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social.
Estos cambios son fundamentales para proteger adecuadamente a nuestros trabajadores y para impulsar la productividad y producción del país.
La Ley de la Seguridad Social ha favorecido principalmente a un selecto grupo de instituciones financieras, gestionando ingresos que equivalen a cerca del 2.5% del PIB con fines de lucro y especulación, a expensas del bienestar de millones que trabajan incansablemente por un futuro mejor.
El sistema de capitalización individual, profundamente neoliberal, ha demostrado ser injusto e inmoral, y ha fallado en responder a las realidades de nuestro pueblo.
Debemos adoptar un modelo solidario, alineado con nuestro mandato constitucional.
El patrimonio de los fondos, estimado en unos 14 mil millones de dólares, se encuentra mayoritariamente en manos del Estado en instrumentos financieros de deuda del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, que han «canibalizado» esos fondos para cubrir parte del déficit gubernamental.
Si el Estado incurre en impagos de la deuda, los fondos podrían quedar en quiebra o causar una devaluación de la moneda, repitiendo la expoliación al pueblo como ocurrió con el caso de Baninter en 2003, donde se socializaron las pérdidas y se capitalizaron las ganancias.
En cuanto al Código Laboral, nuestra propuesta es que los derechos adquiridos se indexen a los fondos de pensiones, garantizando que los empleadores mantengan un compromiso activo con su fuerza laboral y permitiendo a los trabajadores explorar nuevas oportunidades sin temor a perder derechos.
Desde el Frente Cívico y Social, hemos propuesto durante años una reforma profunda en la Seguridad Social hacia un sistema de reparto que transforme la gestión de los recursos destinados a las pensiones, inspirándonos en modelos exitosos internacionalmente como el Central Provident Fund (CPF) de Singapur, una entidad gubernamental que administra los planes obligatorios y voluntarios de ahorro para la jubilación, vivienda y atención médica.
Empresas y concesiones estatales que hoy están en manos de terceros podrían ser traspasadas como parte del pago al capital adeudado por el Estado y administradas por una corporación autónoma que generaría ganancias reales para la clase trabajadora y, de manera directa e indirecta, a los emprendedores, productores agrícolas e industriales y del sector empresarial.
Con el modelo de economía social, se expandirían los planes de jubilación para incluir a trabajadoras domésticas y envejecientes que, después de una vida de trabajo, no reciben nada o cuyas jubilaciones no les permiten vivir dignamente.
Estas reformas no solo son necesarias para modernizar nuestro marco legal laboral y nuestro sistema de seguridad social, sino que también son cruciales para fomentar la equidad social y estimular la productividad laboral. Busquemos construir una sociedad más justa y equitativa, donde el bienestar colectivo sea la piedra angular del progreso.
El futuro por el que debemos luchar es un futuro de dignidad y seguridad para todos los ciudadanos dominicanos, y el camino hacia él está marcado por cambios profundos y decisivos.
¡Despierta, RD!
