La Dirección General de Pasaportes (DGP) afirmó este lunes que la suspensión temporal de la licitación del Pasaporte Electrónico se realizó a solicitud de la institución para asegurar que el proceso cumpla con los más altos estándares de transparencia y protección de los fondos públicos.
Lorenzo Ramírez, director de la DGP, destacó que, tras la declaración de interés nacional emitida por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 438-22, el proceso se ha gestionado de manera abierta y participativa, a pesar de tratarse de un procedimiento excepcional por razones de seguridad nacional.
“El proceso ha contado con la colaboración de la Unidad Burocracia Cero, integrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual el país es miembro signatario. Estas entidades han acompañado cada paso del procedimiento, desde el desarrollo del Pliego de Condiciones, para garantizar que se alinee con los estándares globales de seguridad”, explicó Ramírez.
El director de la DGP afirmó que desde la publicación del procedimiento en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones, el 12 de junio, el sistema de monitoreo no ha detectado irregularidades. No obstante, se solicitó la intervención del órgano rector para confirmar el cumplimiento de los procedimientos requeridos.
Ramírez detalló que, de las 25 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la licitación, 11 presentaron preguntas, siete solicitaron una visita técnica, y dos presentaron ofertas: un consorcio internacional y una empresa local.
“El pliego de condiciones de esta licitación fue elaborado bajo las normas internacionales que rigen la implementación del Pasaporte Electrónico en otros países, donde la experiencia de la OACI muestra que el nivel de participación de oferentes suele ser de entre dos a cinco, dado que se trata de un procedimiento complejo que implica desarrollo de software, infraestructura, centros de datos y una considerable inversión financiera”, explicó.
Ramírez aseguró que todas las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Compras Públicas (DGCP) fueron consideradas, en cumplimiento con las disposiciones y principios establecidos en la Ley 340-06. Además, reiteró que el único interés de la DGP es cumplir con el mandato presidencial de dotar a la ciudadanía de un pasaporte electrónico que cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.
“La DGP reafirma su compromiso de continuar trabajando con transparencia y apego a las leyes, para ofrecer un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía”, concluyó Ramírez.
