Dr. Isaías Ramos
El país se encuentra en un momento decisivo. Mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectan un crecimiento económico del 5% para el 2025, es inevitable preguntarnos: ¿a quién beneficia realmente este crecimiento? La respuesta parece ocultarse tras un velo de promesas grandilocuentes que contrastan con realidades dolorosas.
El gobierno señala a las zonas francas y al turismo como «los grandes motores de la economía». Sin embargo, tras estos supuestos logros se esconde una verdad inquietante: estos sectores prosperan a costa de la explotación sistemática de los trabajadores.
Miles de hombres y mujeres enfrentan condiciones laborales indignas y salarios mínimos que apenas cubren el 60% de sus necesidades básicas. Para ellos, cada jornada laboral es una lucha agotadora que no se traduce en bienestar, sino en una mera supervivencia precaria. Este ciclo perpetuo de desigualdad evoca una versión moderna de la esclavitud asalariada: vidas sacrificadas sin recibir una retribución justa.
Por su parte, el sector turístico nos vende la ilusión de ser una fuente inagotable de ingresos. Sin embargo, al mirar más allá del brillo superficial, emerge otra realidad: las grandes cadenas hoteleras repatrian sus utilidades al extranjero, mientras nuestras comunidades locales permanecen atrapadas en la pobreza. La falta de acceso a servicios esenciales como agua potable y atención médica contrasta cruelmente con las imágenes de resorts de lujo y playas paradisíacas.
Mientras nuestros recursos se explotan sin compasión, un niño en la periferia de Santo Domingo no tiene agua potable para beber. Las lujosas piscinas de los resorts parecen burlarse de su sed. Estos enclaves de riqueza, diseñados para el disfrute de turistas, ignoran por completo las necesidades de millones de dominicanos cuyas vidas giran alrededor de la miseria.
El sector energético, señalado por organismos internacionales como otro pilar del crecimiento proyectado para 2025, representa un modelo igualmente insostenible. Durante los últimos 24 años, el Estado ha subsidiado este sector con más de 30 mil millones de dólares, no para beneficiar al pueblo, sino para garantizar enormes ganancias a los inversionistas privados.
Cada dólar destinado a este abuso pudo haberse invertido en hospitales, escuelas o infraestructuras fundamentales para el desarrollo social.
Paradójicamente, el FMI reconoce que son las remesas de nuestros migrantes —los eternos olvidados por las élites políticas— las que realmente sostienen nuestra economía.
Estas remesas, que impulsan el consumo interno, han permitido un crecimiento “relativamente sólido”. Sin embargo, el Estado otorga más de 75 mil millones de pesos anuales en exenciones tributarias a sectores privilegiados como el turismo, las zonas francas y los generadores eléctricos. Estas empresas, lejos de contribuir al desarrollo nacional, extraen recursos humanos, naturales y económicos para acumular ganancias que luego se invierten o disfrutan en el extranjero.
El artículo 244 de nuestra Constitución, que permite exenciones para “fomentar la economía nacional o cualquier otro objeto de interés social”, parece ser una burla en un modelo económico extractivista, explotador y depredador.
Los dominicanos no somos un pueblo que se rinde. Las remesas de nuestros migrantes son prueba de nuestro trabajo incansable, nuestra dignidad y nuestra esperanza de un futuro mejor. Es hora de que ese sacrificio se traduzca en oportunidades aquí, en nuestra tierra.
Desde el Frente Cívico y Social, tenemos claro que el verdadero progreso no llegará hasta que asumamos plenamente nuestra Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho.Solo a través de estrategias coherentes y explícitas, diseñadas a corto, mediano y largo plazo, en materia institucional, social y productiva, podremos superar los obstáculos que perpetúan el subdesarrollo.
El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para la mayoría. Esto solo será posible si construimos la capacidad social e institucional necesaria para liberar el verdadero potencial económico y productivo de nuestra nación.
Es hora de dejar de soñar con un futuro que nunca llega y empezar a construirlo.
Nuestra nación merece un modelo económico que valore la dignidad humana, que garantice justicia social y que haga que cada dominicano se sienta orgulloso de llamar a esta tierra su hogar.
¡Despierta, RD!