Por Rafael Díaz Filpo
Juez emérito
La reciente decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que ordena a la Junta Central Electoral (JCE) calcular la distribución del financiamiento público tomando en cuenta los siete niveles del ciclo electoral, representa un paso firme hacia una democracia más justa, representativa e inclusiva en la República Dominicana.
Hasta ahora, la asignación de los fondos públicos a los partidos políticos se basaba casi exclusivamente en los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales. Este enfoque reduccionista excluía el peso político de los comicios locales, ignorando así una dimensión fundamental de la participación ciudadana y del pluralismo democrático.
El TSE ha reconocido, con acierto, que cada uno de los siete niveles electorales —presidencial, senatorial, diputaciones, alcaldías, regidurías, direcciones de distritos municipales y vocalías— expresa de forma legítima la voluntad del electorado. Este nuevo criterio amplía el reconocimiento jurídico del valor político de cada voto, sin importar el ámbito territorial en que se emita.
Incorporar estos siete niveles en el esquema de financiamiento partidario no solo corrige una omisión histórica, sino que fortalece la equidad del sistema político y abre espacio para una mayor pluralidad en la representación. La redistribución de los recursos basada en todos los niveles de votación ayuda a evitar la concentración del poder y promueve un ecosistema electoral más equilibrado y diverso.
La Junta Central Electoral ha mostrado disposición a aplicar fielmente la sentencia, anunciando recientemente 23 cambios relevantes en la boleta electoral. Esta acción evidencia un compromiso institucional con el cumplimiento de los principios constitucionales y con la adaptación del sistema electoral a los nuevos estándares de equidad y transparencia.
Es, por tanto, momento oportuno para que el Gobierno respalde decididamente esta resolución del TSE, garantizando la entrega justa y puntual de los fondos públicos a todas las organizaciones políticas conforme a la ley. Este apoyo no solo refuerza la institucionalidad democrática, sino que también es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las reglas del juego político.
Esta sentencia del TSE se inscribe dentro de un marco constitucional que privilegia la transparencia, la proporcionalidad y la igualdad en la administración de los recursos del Estado. Al garantizar que el financiamiento refleje con fidelidad el respaldo popular obtenido por cada partido en todos los niveles de elección, se avanza en la construcción de un sistema político más justo y representativo.
En definitiva, esta decisión constituye una corrección oportuna y necesaria que alinea la distribución de los recursos públicos con la realidad política y social del país. Su aplicación efectiva garantizará que cada voto cuente, y que la representación democrática sea más auténtica, más plural y más legítima.
