Santo Domingo, R.D. — La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como positiva y necesaria la propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, actualmente estudiada en el Senado, al considerar que representa un avance significativo hacia un marco legal moderno, equilibrado y respetuoso de los principios democráticos.
El análisis fue dirigido a la senadora Aracelis Villanueva Figueroa, presidenta de la Comisión Especial que estudia el proyecto, a quien FINJUS expresó su valoración técnica y su respaldo al fortalecimiento de la institucionalidad en materia de libertad de expresión.
La entidad destacó que la iniciativa responde a los desafíos actuales del ecosistema comunicacional, reconociendo derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la dignidad humana, especialmente en la protección de niños, niñas y adolescentes, sin desvirtuar la esencia del derecho a expresarse libremente.
FINJUS resaltó también el enfoque integral del proyecto frente a las plataformas digitales, señalando que las normas propuestas garantizan transparencia, debido proceso y mecanismos de defensa para los usuarios, al tiempo que establecen reglas claras para prevenir abusos y la desinformación. La institución subrayó que los procedimientos para moderación de contenido y rectificación estarán regulados con responsabilidad, sin atentar contra la naturaleza abierta de los espacios digitales.
Otro punto de relevancia destacado en el informe es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que sustituirá a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR). FINJUS sostuvo que la nueva entidad responde a las necesidades institucionales del país, aportando mayor capacidad técnica, transparencia y seguridad jurídica bajo estrictos controles de legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, el organismo valoró la inclusión de garantías procesales, vías administrativas y judiciales para revisión de decisiones, reglas claras sobre sanciones proporcionales y la incorporación de la figura de desindexación digital únicamente mediante orden judicial, asegurando el equilibrio entre libertad y responsabilidad.
“Este proyecto representa una oportunidad histórica para fortalecer la institucionalidad democrática, modernizar el marco regulatorio y garantizar el ejercicio responsable y libre de la expresión en la República Dominicana”, señaló FINJUS, al tiempo que invitó a todos los sectores a un debate técnico y constructivo.
